La extorsión gana más espacio con la ayuda del miedo

En 2022 solo se ha podido capturar más de 200 personas en todo el país, por el delito de extorsión; según datos proporcionados por la Dirección Nacional especializada en la resolución de casos de secuestro y extorsión (Unase), grupo élite de la Policía Nacional.

La misma organización señaló que solo en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y Samborondón, la Policía ha atendido 608 denuncias de extorsión en lo que va del año y que el 80% de estas son virtuales, es decir, llamadas telefónicas, especialmente por la aplicación WhatsApp, con prefijos de otros países.

Pero la Policía no reveló el número de detenidos por estos casos en la zonal, territorio considerado como el más violento del país y que registra 53 detonaciones y 134 amenazas de bomba hasta mediados de septiembre del año en curso.

Sin embargo, en a Fiscalía General del Estado existen apenas 44 denuncias en todo el país por tentativas de extorsión y extorsiones dadas en 2022, una cifra que revela como reina el silencio en esta problemática. Mientras que en todo 2021 hubo 241 denuncias.

El pasado 15 de septiembre la misma Policía instó a la ciudadanía a denunciar los casos de extorsión porque según justificaron es con ese documento que inician las investigaciones y de ahí pueden “dar con los grupos delincuenciales”.

Ese día informaron que desarticularon una organización dedicada a la extorsión tras cuatro meses de seguimiento porque la víctima que fue secuestrada junto con sus hijos logró ser liberada con el fin de ir a conseguir el dinero y puso la denuncia. Desde ahí se dieron cuenta que el grupo se dedicaba a ‘vacunar’ a comerciantes del sector de la Bahía, centro de Guayaquil. Al final se liberó a los niños y no se pagó por ningún rescate, se detuvo a nueve ciudadanos que secuestraban a personas y las retenían en Socio Vivienda 2.

Laura es una comerciante del norte de la ciudad que prefirió no ser identificada por miedo a represalias; el último domingo recibió una llamada por la aplicación de mensajería instantánea y le pidieron una mensualidad de $500 para no recibir atentados, robarles, hacerle daño a ella o algún familiar. “Dijeron que pague la vacuna, que sabían todo de mí y que eran de los Choneros; de inmediato colgué, quedé asustada. Llamé al ECU - 911 y me recomendaron poner la denuncia en la Fiscalía si vuelven a llamar” detalló.

El director de la Unase en la zona 8, Efraín Samaniego, responde que la denuncia debe hacerse lo más pronto posible y expone algunos pasos a seguir en caso de recibir una intimidación como esta, porque de acuerdo a las investigaciones de la entidad, la mayoría de las personas que dicen pertenecer a las organizaciones que mencionan no lo son. Refiere que se trata de delincuentes que se aprovechan del temor colectivo que se ha generado.

“Toda llamada hay que tomarla con sus precauciones, si tienen alguien cerca, grabarle la comunicación; escuchar lo que ellos dicen porque a veces no saben ni nuestro nombre y al contestarle sus intimidaciones nos sacan información, pescan a río revuelto, se toman los nombres de las bandas y al percibir el miedo inicia el lucro, por favor no paguen nada, vengan al Cuartel Modelo a poner la denuncia que aquí le asesoramos qué hacer e iniciamos la investigación”, expresó.

Sin embargo, estas recomendaciones no son aprobadas del todo por Jorge Villacreses, experto en seguridad y representante de una empresa que brinda seguridad privada en Guayaquil, porque establece que no todos los ciudadanos están capacitados para reaccionar con tranquilidad o al menos como lo sugiere la Policía.

“Primero la persona debe tener cierto grado de entrenamiento, segundo debe ser alguien emocionalmente estable, pero la mayoría de personas no se dedican a la seguridad o defensa personal, pueden ser otros profesionales o no necesariamente. Y si la víctima responde con otra pregunta como decir: ya pues dime dónde estoy, puede ser sorprendido con otra reacción que a lo mejor no sepa lidiar y generará más incertidumbre o temor”.

Villacreses apunta que lo más apropiado es evitar dichas llamadas, con mayor razón si son de otro país, sino es de un conocido, alguien de confianza, o de un familiar, además colgarlas de inmediato en cuanto detecte que se trata de una extorsión.

Otras de las recomendaciones de los expertos es cuidar los datos que “cuelga” en redes sociales, porque “juega en contra” y citan ejemplos de las facilidades que da Google maps al consultarlo en internet.

“Usted pone la ubicación de un emprendimiento y no solo sale la ubicación, sino los puntos de referencia, horarios de atención, propietarios y más detalles que son usados por los que quieren extorsionar” resaltó Samaniego.

Villacreses agregó que las personas deben estar pendientes de factores que alteran la normalidad de su entorno, por ejemplo: vehículos que no son del lugar, los que rondan por el vecindario de forma extraña o sospechosa u otros factores que generen desconfianza.

Pero la impunidad se marca en los casos pendientes, los datos entregados a este periódico por parte de la Fiscalía General del Estado señalan que hasta el 29 de septiembre de 2022 la entidad tiene 7.374 casos en etapa de investigación previa.

Es decir, procesos dados en años anteriores y que aún no están resueltos.

Otra de las variables que preocupa a la ciudadanía son las detonaciones de artefactos explosivos y disparos hacia viviendas o locales comerciales como una muestra de amedrantamiento para que paguen las cuotas solicitadas.

“Se necesitan acciones preventivas, no reactivas, trabajar en conjunto con empresas y sectores privados, porque tenemos un déficit de policías. Hay que empoderar para que denuncie a la Fiscalía y la Policía cumpla con sus labores y poder proteger a la ciudadanía” recalcó Villacreses, quien aseguró que la demanda de protección privada se ha incrementado en un 30% en relación al año anterior, pues en muchos casos no cuentan con la respuesta oportuna del Estado.

La Policía indica que el secuestro del transportista urbano dado la semana anterior en Durán es el primer caso de extorsión con muerte y que aún se investiga el hecho que por ahora está en etapa inicial. Sin embargo, no descartan que se trate de un caso de otro delito como sicariato. Hasta la semana anterior se contabilizaron 1.067 muertes violentas en la zona 8.