La última semana, con las denuncias hechas en las redes sociales por parte del exministro Pareja y la agitada agenda electoral, se van quedando rezagados temas de importancia para el Estado, en los cuales los órganos de control tienen un rol protagónico.

En días anteriores, a través de la prensa local se conoció que en los balances del Seguro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde septiembre del año pasado no constaba ya la deuda de 2.506,7 millones de dólares. Dicho valor, que el Estado adeudaba a la mencionada institución, correspondía a las atenciones de salud a jubilados y a personas con enfermedades catastróficas, que según la Ley de Seguridad Social deben ser asumidos por el Estado.

Los expertos en seguridad social consultados por los medios de comunicación locales, han explicado que esta obligación es por atenciones que se han venido dando en el tiempo, que esta deuda fue auditada en su momento por la Contraloría y que además de ello, ha sido reconocida en diversos convenios de pago del Gobierno.

El presidente del Consejo Directivo del IESS en sus declaraciones a la prensa ha manifestado: que no existía tal deuda, porque esta se derivaba a través de una ley privatizadora que no tenía siquiera reglamento. Ante esta afirmación, es importante notar que la ley a la que se hace referencia es una ley vigente y por lo tanto obligatoria, es decir que existe el deber de cumplirla. El hecho de no tener reglamento no es un obstáculo ni jurídico ni práctico para el cumplimiento de una ley.

Para eliminar una deuda del Estado del balance de un organismo público, debe haber por lo menos una serie de informes técnicos y jurídicos que den una explicación sustentada sobre los antecedentes que llevaron a tomar esa resolución; esto al margen de los posibles perjuicios que podrían existir para la institución y para los beneficiarios de sus prestaciones.

No queda más que esperar el pronunciamiento de los organismos de control sobre las auditorías que, sobre el tema, deban realizarse.

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