Esta semana vence el plazo para que la jueza constitucional, Tatiana Ordeñana, emita su informe al pleno de la Corte Constitucional acerca de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. Ante este hecho es importante recordar:

En el año 2008, el Ecuador aprobó en referéndum una nueva Constitución, en la que se decidió sobre aspectos claves en la vida del Estado, como la posibilidad de reelección por una sola vez de los funcionarios de elección popular. En el año 2015, la Asamblea Nacional, con informe previo de la Corte Constitucional, modificó esta voluntad inicial y aprobó en un trámite de enmienda la reelección indefinida para todo funcionario designado mediante votación por el pueblo. Este año se propone que mediante una consulta popular se le pregunte al pueblo si aprueba o no la reelección indefinida, a fin de que sea la voluntad de este la que prime.

Se propone consultar algunos otros temas de interés, como la sanción política a quienes en ejercicio de una función pública sean sentenciados por corrupción -un hecho que a mi criterio ayudaría a combatirla-, otros aspectos necesarios como la imprescriptibilidad de los delitos de quienes cometen crímenes sexuales contra niños y adolescentes, la derogación de la ley de plusvalía y quizás uno de los más polémicos: el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, organismo al que se le ha cuestionado la transparencia e imparcialidad de sus concursos.

A estos hechos se unen otros factores, como el margen de aceptación que las encuestadoras dan al proceso de consulta, superior al setenta por ciento.

Por estos motivos me extrañan las manifestaciones públicas a favor y en contra de la consulta por parte de ciertos asambleístas, cuando ellos, que son mandatarios del pueblo, deberían estar atentos a lo que sus representados quieren. Y lo segundo es la presentación de “amicus curiae”, en esta última semana, por parte de algunos de ellos con la aparente intención de retrasar el proceso. Nos espera una semana de expectativas.