María Belén Domínguez, exjueza de Violencia contra la Mujer y Familia de Quito, logró la suspensión condicional de la condena de tres años de cárcel por tráfico de influencias, al haber concedido una acción constitucional al entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que él se mantenga en funciones.

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La Fiscalía informó que se opuso al beneficio penitenciario. Pero la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, conformada por los jueces Miguel Narváez, José Jiménez y Mónica Bravo accedieron al pedido pues Domínguez no ha tenido antes problemas con la justicia.

La suspensión condicional de la pena consiste en el cumplimiento en libertad de la condena impuesta a una persona que no tiene otros problemas de la justicia.

La Sala Penal ordenó que la exjueza Domínguez resida en un domicilio determinado y deberá informar a un magistrado sobre cualquier cambio. No podrá salir del país sin previa autorización, debe tener un trabajo y presentarse cada tres meses ante un juzgador. Durante los próximos tres años no podrá ser reincidente y no podrá tener una instrucción fiscal por nuevo delito.

De acuerdo con la investigación, el 18 de junio de 2021, a las 17:03, se ingresó de manera errónea, en el sistema automático de trámite judicial Satje, la acción de protección del entonces alcalde Yunda signado con el número 17576-2021-01738 G.

Por estar fuera del horario de trabajo, la demanda debía ingresar en la Unidad de Delitos Flagrantes. Sin embargo, se lo presentó en el Complejo Judicial Sur Quitumbe. La acción de protección se ingresó como un caso de violencia contra la mujer, dentro de un acto urgente “logrando de esta forma que no se sortee entre los 331 jueces correspondientes, sino que de su universo de posibilidades se reduzca tan sólo a cuatro”, dijo el fiscal en la audiencia de juicio.

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