El antiguo Foro romano creó la figura del exilio político para extrañar y mantener fuera de Roma a aquel ciudadano cuya valía y peso de opinión contrarios a los de los cenáculos en el ejercicio del poder consideraran peligrosos para la comunidad. Tendente a ese fin y bajo esa premisa soslayada, ahora mediante una real o circunstancial conjura judicial, es lo que se pretende hacer contra el expresidente Rafael Correa, emulando lo que ya se hizo en Brasil contra el líder popular y expresidente Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión, lo que lo excluyó de la contienda política y facilitó que Bolsonaro llegue al poder, y que luego, con la mayor desvergüenza, el juez Sergio Moro, que condenó a Lula, sea nombrado ministro de Justicia del nuevo gobierno. Lo más grave es que en nuestro país la conjura judicial empieza de la más crasa manera, con el pedido de prisión preventiva que Diana Salazar, la fiscal general, hace a la jueza de la Corte Nacional que lleva el caso Sobornos 2012-2018 contra el exmandatario Rafael Correa y un numeroso grupo de exfuncionarios de su gobierno, tildando a Correa, de liderar una red de sobornos que receptó dinero de empresas contratistas del Estado para sus campañas electorales, junto a 17 personas más de su gobierno y de la asambleísta Viviana Bonilla.

¿Qué resolución de justicia puede esperar el expresidente de manos de tal fiscal acusadora y de tal jueza de la Corte Nacional que lleva el caso? Una fiscal general que en la prueba escrita del concurso de méritos para el cargo solo alcanzó el puntaje de 10 sobre 20 puntos, dato que salió publicado en la prensa para vergüenza suya y que de hecho debió descalificarla, sin embargo de lo cual fue nombrada para el cargo. Y una jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, que es la misma que actuó en el caso de la ridícula tentativa de secuestro a Balda, en que se trató de involucrar a Correa, jueza que dispuso que el expresidente se presente en su despacho cada 15 días, a sabiendas de que estaba domiciliado en Bélgica, evidenciando su falta de imparcialidad contra el expresidente Correa y su indudable propósito de meterlo en prisión o mantenerlo forzosamente exiliado del país como prófugo de la justicia, para beneplácito de sus potenciales contendores en una próxima elección presidencial. ¡Bingo!