Exigen liberar a 62 estudiantes en Venezuela

L a cifra de estudiantes detenidos el jueves en Venezuela durante protestas opositoras asciende a 62, denunció ayer un dirigente del alumnado de una de las principales universidades del país.

Del total de arrestos, 29 se produjeron en Caracas, declaró a periodistas Daniel Ascanio, líder estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, frente a la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Agentes policiales capturaron a los estudiantes tras una marcha que intentó llegar a la sede del poder electoral en Caracas, dispersada con bombas lacrimógenas y perdigones.

Ascanio aseveró que dos de los familiares pudieron entrar a ver a los jóvenes la noche del jueves y comprobaron que “están bien” físicamente.

Enfatizó, sin embargo, que “no hay razones para que estén detenidos”, pues protestaban “pacíficamente”.

Según el dirigente, los detenidos “serán presentados en tribunales civiles”, descartando que el proceso sea seguido en la jurisdicción militar, como ha sucedido en muchas ocasiones con decenas de manifestantes.

Según la ONG Foro Penal, más de 3.500 personas han sido detenidas en tres meses de protestas opositoras, que han derivado en disturbios con saldo de 82 muertos. Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia.

La Fiscalía imputó ayer a un segundo general de la Fuerza Armada por supuestas violaciones de derechos humanos, informó ayer el organismo, elevando aún más la temperatura en su enfrentamiento con el gobierno de Nicolás Maduro.

Gustavo González López, director del Sebin, es sospechoso de “graves y sistemáticas violaciones” de los derechos humanos, según un boletín del Ministerio Público.

ONU

Ortega despierta respaldos

El portavoz de Naciones Unidas para los derechos humanos, Rupert Colville, consideró ayer “muy preocupante” la decisión del TSJ de Venezuela de prohibirle abandonar el país a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, crítica con el régimen, y de congelar sus bienes mientras decide si la enjuicia.

Fiscales de los países del Mercosur rechazaron también ayer las amenazas del oficialismo venezolano de destituir a Ortega, citada a comparecer ante la corte el martes en una audiencia que decidirá si es sometida a juicio.

Ortega informó ayer que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a todos los trabajadores de su despacho.

La fiscal hizo esta solicitud días después de que la directora de delitos comunes del Ministerio Público, Marisela Lucena, informara de que la sede principal de esa institución, en Caracas, y sus funcionarios han sido “objeto de asedio” y recibido “amenazas” por parte de simpatizantes del oficialismo.