El presupuesto que el Gobierno proyecta para enfrentar las necesidades que el país tendrá el próximo año, no se escapó de las fuertes críticas, durante un largo feriado de descanso. Para los expertos en esta materia, el documento no cumple con la necesidad de recortar el alto gasto fiscal, para poder enfrentar un déficit que, incluso, podría ser superior a los $ 3.900 millones que se calculan. No corregir esto, advierten, es seguir condenando al país a adquirir más deuda y a financiar necesidades con más tributos.

La reducción de un 5,3 % que se plantea como presupuesto para el año que viene, no convence a Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, pues señala que esta baja responde a un menor registro de amortización en el pago de la deuda pública y no a un real ajuste fiscal, por el lado del recorte del gasto (ver gráfico). “Lo que estamos viendo es que seguiremos en la política de un mayor gasto, donde el gasto corriente contrario a disminuir aumenta (un 9 %), y el de capital e inversión pareciera que es menor cuando se lo compara con la proforma, pero que sigue siendo igual si vemos lo ejecutado en el año pasado”, dice Ortiz, quien resalta el poco esfuerzo que se ha hecho para modificar egresos, sobre todo en áreas donde se puede gestionar cambios. “Solo en rubro de bienes y servicios se proyecta un 28,5 % más de gastos”.

Y es una situación que preocupa si lo que se quiere es contar con un presupuesto que ayude a mermar un faltante que, a criterio de Ortiz, podría llegar a los $ 5.500 millones, $ 1.500 millones más de lo que se registra. Esto porque detecta aún desfase entre los ingresos que el Gobierno proyecta y lo que realmente el país podría llegar a conseguir, en ventas petroleras y recaudación de impuestos (el año que viene no se recaudarían al menos $ 1.000 millones por el 2 % del IVA y salvaguardias). “Como se queda corto en el tema tributario, por eso la urgencia de las nuevas políticas impositivas que plantea”.

El Poder Ejecutivo ha señalado que sí se ha hecho un esfuerzo importante en reducir gastos, en el marco de una política de austeridad para la optimización de recursos públicos, pero Rosa Matilde Guerrero, máster en Economía y exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cree que no es suficiente. La salida más rápida y fácil que está teniendo el Gobierno, dice, es extraer recursos del sector privado, afectando a la clase media. “Se está poniendo más impuestos para las empresas que generan empleo, a los profesionales que reciben $ 3.000 que, si tienen menos de tres hijos, tendrán ahora que pagar tributos”.

Henry Kronfle, asambleísta de PSC y vocal de la Comisión de Régimen Económico, instancia a donde se reenviará el proyecto, menciona que aún tiene pendiente revisar detalles de la proforma. No obstante, anticipó la preocupación que desde ya tiene no solo por el bajo nivel de recorte de gasto, sino porque no se incluyen ciertos egresos como el Draw Back, el incentivo que como compensación se ha ofrecido al sector exportador. La Asamblea tendrá 30 días para su análisis y aprobación.