Evaluaciones de impacto ambiental: no sirven

Walhi, la organización ambiental más grande de Indonesia, recientemente llevó al gobierno a los tribunales por emitir permisos de construcción a una compañía china con base en lo que, sostienen, fue una evaluación de impacto ambiental “profundamente defectuosa”. El proyecto de la represa Batang Toru de $ 1.500 millones tendrá severas consecuencias ecológicas, incluida la posible extinción del gran simio más raro del mundo, el orangután Tapanuli, y es solo uno de los muchos proyectos de infraestructura planeados a nivel mundial que oficialmente son considerados responsables con el medio ambiente, a pesar de que plantean riesgos ambientales serios. Ejemplo: la construcción de una línea férrea que atraviesa el Parque Nacional Nairobi en Kenia está casi terminada, pese a la indignación pública que generó una evaluación de impacto ambiental “incompleta e incompetente”. Ante la expectativa de que el mundo invierta aproximadamente 90 billones de dólares en infraestructura (caminos, represas y centrales eléctricas) solo en los próximos 15 años, se necesita con urgencia garantizar que las decisiones de inversión tengan en cuenta las consecuencias ambientales reales de los proyectos. Ese es el objetivo de las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE). La Asamblea de NN. UU. para el Medio Ambiente, el organismo de toma de decisiones de más alto nivel del mundo en materia ambiental, adoptó una resolución que exige que todos los gobiernos realicen EAE antes de aprobar cualquier proyecto de infraestructura. Pero las EAE no están cumpliendo su propósito de manera confiable porque los especialistas técnicos normalmente realizan las EAE a instancias de los desarrolladores de los proyectos -práctica antiética-. Por eso no debería sorprender que los proyectos dañinos suelan aprobarse, a pesar de no cumplir con los lineamientos de desarrollo verde acordados mediante un amplio consenso. Para desempeñar un papel efectivo en cuanto a proteger el planeta y su gente, las EAE deben ser rigurosas, creíbles y transparentes, realizadas por profesionales bien regulados e imparciales. Las leyes e instituciones necesarias para hacer que esto suceda ya existen, pero no un marco claro para regular la conducta de quienes realizan las evaluaciones de impacto. La evolución de la profesión contable puede ofrecer lecciones útiles. En abril, los legisladores en el Reino Unido tomaron medidas para mejorar la transparencia y evitar conflictos de intereses en la contabilidad instando a la Autoridad de Competencia y Mercados a prohibir que las “cuatro grandes” firmas contables ofrezcan servicios de consultoría a clientes que están auditando. Una gestión financiera imprudente pone en peligro la estabilidad social y económica; una gestión ambiental imprudente plantea una amenaza por lo menos igual de seria. Hace falta establecer requerimientos claros para quienes llevan a cabo evaluaciones relevantes. Los gobiernos deben tomar conciencia de los conflictos de intereses causados por la estrategia actual de las EAE e imponer un cambio real. Solo si se garantiza que las decisiones de inversión en infraestructura estén basadas en evaluaciones de impacto rigurosas y creíbles será posible reconciliar el desarrollo económico con la preservación del ambiente natural.