Una empresa monopolizó sin reparos el servicio de alimentación en las cárceles, bajo procesos contractuales de licitación que incluso se celebraban sin competencia alguna, con la participación de un solo oferente: Lafattoria. Así ganó, por ejemplo, los procesos de los años 2016 y 2018. ¿Se contrataba entonces a la mejor empresa o a la única?

Los contratos con Lafattoria datan desde 2012, pero desde finales de 2018 lo hace sin un contrato firmado. Se consultó sobre estos procesos contractuales a exautoridades del antiguo Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Servicio Nacional del Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). De igual manera, al antiguo Ministerio del Interior y el actual Ministerio de Gobierno; así como a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. También, a los funcionares al frente de estas carteras hoy día.

En las entidades contratantes (Ministerio de Justicia y ahora el SNAI), la constante fue no querer declarar sobre el tema, con excepción de la exministra Rosana Alvarado (mayo 2017-agosto 2018). Antes de su gestión, al frente de Justicia estuvo Ledy Zúñiga (marzo 2014-mayo 2017), quien insistió en que luego de siete años ya no podía hablar de temas puntuales, como contrataciones: “No tengo los documentos a la mano y es difícil acceder a esa información”.

La exministra Alvarado señaló que la escasa oferta para brindar este servicio radicaba en la experiencia: “¿Cuántas empresas dan alimentación penitenciaria? Creo que seguirá siendo una sola. No sé qué tantas empresas hubiesen estado interesadas. Inclusive la misma empresa me parece que tenía aliados para poder cubrir todo el país”. No obstante, a partir de 2018 se eliminó de los términos del proceso la exigencia de experiencia en alimentación en centros penitenciarios, requisito que reducía la oferta de proveedores al mínimo. A pesar de ello, en el proceso celebrado ese año Lafattoria fue la única que se presentó.

Alvarado añadió que en la provincia de Cotopaxi hubo algunos pequeños proveedores interesados en ofrecer ciertos productos, pero no tenían la capacidad para ofrecer el servicio completo. “No es sencillo. Hay que hacer incluso un análisis de seguridad”.

Con la eliminación del Ministerio de Justicia, la responsabilidad sobre la alimentación a los privados de libertad y adolescentes infractores pasó al SNAI. Ninguna de las autoridades que pasaron por esta entidad respondió sobre por qué esta empresa se ha mantenido brindando el servicio sin un contrato y se mantiene como único proveedor tras cinco procesos declarados desiertos.

Uno se rehusó por seguridad; otro por salud. Edmundo Moncayo (junio 2019-julio 2021) dijo que no daría ninguna declaración porque ya salió del servicio. “Todos los documentos que necesita están en el SNAI”. Se contactó al actual director del SNAI, Pablo Ramírez, vía telefónica. Sin embargo, tampoco se recibió respuesta.

Un informe del SNAI, de diciembre de 2020, señalaba que la inconformidad por el servicio de alimentación era una de las causas de los amotinamientos en los centros de privación de la libertad.

Tomando en cuenta esto, se solicitó también la opinión sobre la forma en que se dieron estos procesos contractuales a los anteriores ministros del Interior y de Gobierno, así como a la actual autoridad de esta cartera. Tres no lograron ser localizados; otro se justificó por salud. Los demás (César Navas, María Paula Romo y Gabriel Martínez) dijeron que esto no era de su competencia. Sin embargo, Navas admitió que el ambiente que se vive dentro de las cárceles está determinado por la alimentación y, en general, el bienestar de los privados de libertad. “Pero hasta abril de 2018 que yo estuve al frente, nunca hubo un levantamiento”, dijo.

También se solicitó una entrevista a la encargada de comunicaciones de la actual ministra de Gobierno, quien pidió que sea solicitada al SNAI. Este Diario intentó conversar con funcionarios del SNAI, pero condicionaron su respuesta a que este medio reserve sus identidades. Por lo tanto, su versión no fue considerada.

Adicionalmente, se consultó a anteriores autoridades de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por el monopolio que se ha generado alrededor de este servicio. Pedro Páez, quien estuvo al frente de esta entidad entre 2012 y 2017, dijo que en su período se hicieron cerca de 670 investigaciones y que legalmente él no podía tener conocimiento de todas, por lo que no está al tanto de si se hizo una investigación al respecto. Con Danilo Sylva, actual superintendente, no se logró una entrevista por limitantes de tiempo, pero la entidad se comprometió a ofrecerla esta semana.

En las últimas licitaciones que ha convocado el SNAI para este servicio, también ha participado la empresa Lafattoria, aunque no en todas ha sido la única. Entre las causas por las cuales han quedado desiertas, está la inhabilitación del proveedor (Lafattoria). Luego de tres años, esta firma se mantiene al frente del servicio mediante convenio de pago, una figura legalmente excepcional.