Estado de excepción sigue vigente en Ecuador: 5 provincias y 3 cantones afectados
El estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el 4 de noviembre de 2025 sigue vigente en Ecuador
El presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo 202 el 4 de noviembre de 2025, declarando un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país. La decisión se fundamenta en los artículos 164 y 165 de la Constitución, que facultan al Ejecutivo a restringir derechos y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.
La medida responde a la grave conmoción interna generada por el accionar de grupos criminales organizados que disputan el control territorial en la Costa y parte de la Sierra. Según el decreto, el estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y busca enfrentar la escalada de violencia registrada en octubre y noviembre.
Las provincias afectadas son Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, mientras que los cantones bajo control especial son La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Derechos restringidos en las cinco provincias
Según el documento oficial, la decisión se fundamenta en los artículos 164 y 165 de la Constitución, que facultan al Ejecutivo a restringir derechos y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.
Cuando el Ejecutivo decreta un estado de excepción, la Constitución permite limitar ciertos derechos fundamentales. Entre ellos, uno de los más sensibles es la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto implica que, durante la vigencia de la medida, las autoridades pueden ingresar a viviendas o revisar comunicaciones sin orden judicial previa, siempre que exista una justificación vinculada a la crisis que motivó la declaratoria.
Esto significa que las autoridades deben justificar por qué no es posible aplicar mecanismos ordinarios, como una orden judicial de allanamiento, antes de ingresar a una vivienda. El documento oficial sostiene que existe una “necesidad de adoptar medidas extraordinarias” para precautelar la seguridad pública y evitar que los grupos criminales continúen expandiendo su influencia.
Vigencia de la medida
El decreto establece que la medida estará vigente por 60 días, hasta inicios de enero de 2026, salvo que el Ejecutivo decida prorrogarla. Durante este tiempo, se espera que los operativos militares y policiales logren reducir los índices de violencia y recuperar el control en las provincias más afectadas.
El presidente Noboa ha reiterado que el estado de excepción es parte de su estrategia de “mano firme” contra el crimen organizado, complementada con la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y la depuración de instituciones judiciales y policiales.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
