Un esquema de “corrupcion profesional” en el correismo
Lo dice la Procuraduría en la acusación particular presentada en el caso ‘Sobornos’. Reclama indemnización material del triple de 7’508.616,84 dólares.
La ‘institucionalización de un sistema de corrupción profesional’. Eso es lo que hubo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Al menos esa es la apreciación de la Procuraduría General que dejó sentada el miércoles en su acusación particular por el caso ‘Sobornos 2012-2016’ que presentó en la Corte.
El procurador Íñigo Salvador deberá reconocer la firma y rúbrica de su acusación el 4 de septiembre a las 09:00, según lo dispuso la jueza nacional Daniella Camacho.
En más de 120 hojas de un escrito presentado ante la jueza Camacho, el procurador describe lo que se habría registrado en cinco de 10 años del régimen correísta.
El documento resume miles de páginas que constan en el expediente que investiga los supuestos aportes ilegales que contratistas del Estado habrían efectuado a movimiento PAIS en ese periodo.
Esa ‘institucionalización’ fue un sistema de ‘difícil detección’ conformado por funcionarios y colaboradores denominados líderes y coordinadores, señala la Procuraduría.
Estos sobornos, por disposición del expresidente Rafael Correa, una vez aceptados se dice en el escrito, habrían sido recibidos y administrados por funcionarios públicos de nivel jerárquico medio, denominados ‘coordinadores’ quienes habrían implementado un perfecto sistema de recaudación paralelo al de PAIS.
El mecanismo ha sido identificado con los nombres de ‘Archivos verdes’. Entre ellos, Verde Final, Victoria Andrade, Victoria Andrade listado, Victoria II, Victoria III.
El dinero se habría empleado en los gastos de las campañas electorales en las que el correísmo resultó vencedor. Los beneficiados de la recaudación de los dineros producto de los sobornos eran, de manera directa a Movimiento PAIS y “un reducido grupo de militantes, simpatizantes o personas cercanas al expresidente Correa”, señala la acusación.
La Procuraduría menciona que la autorización previa para la distribución de recursos provenía del presidente del movimiento PAIS, del segundo vicepresidente y del coordinador comunicacional de PAIS.
¿Adónde fue el dinero? La Procuraduría dice que se destinó a aportes para candidaturas nacionales en 2013, para seccionales en 2014, servicios jurídicos verdes, convención de PAIS de 2013, publicidad, presentación de artistas en mítines, préstamos personales, servicios de seguridad civil ‘Escuadrón Verde’, traslados y alimentación, préstamos para traslados de Correa a Tena, su cumpleaños, entre otros.
Los pagos, como se ha reflejado en la información recopilada por la Fiscalía de los cuadernos de Pamela Martínez, exasesora de Correa, y de la computadora de su exasistente Laura Terán, se habrían efectuado en efectivo a través de la entrega de dinero en sobres o por cruce de facturas.
Ese último mecanismo consistía en el presunto pago que efectuaban los empresarios a los proveedores de PAIS contra facturas emitidas por sus empresas. Según el escrito se utilizó como plataforma a la Presidencia, Vicepresidencia, ministerios coordinadores de Sectores Estratégicos, de Transporte y Secretaría Nacional del Agua.
Salvador describe que las instituciones fueron dirigidas o representadas de manera cíclica, consecutiva y recurrente por servidores públicos, gobernantes de élite o designados por el expresidente Correa.
Ellos, dice la acusación, en el ejercicio de sus funciones, entre el 2012 y 2016, habrían adjudicado contratos y suscrito convenios con transgresión de principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad previstos en la Ley del Sistema de Contratación Pública. Considera que el convenio de pago es un acto convencional que utiliza el Estado excepcional y previo al cumplimiento de formalidades sustanciales para su perfeccionamiento.
Reitera que en este caso, los convenios de pago habrían sido utilizados como regla general y no como excepción, convirtiéndose en un mecanismo de pago en la construcción de obras de infraestructura desde el Estado por montos millonarios, presumiblemente a cambio del ofrecimiento y entrega de sobornos “provenientes de un sistema de corrupción empresarial conformado por empresarios nacionales y extranjeros”.
Para Marcelo Dueñas, abogado de Viviana Bonilla y Christian Viteri, la acusación es una fiel copia de documentos que maneja la Fiscalía. No cree que la Procuraduría haya tenido la capacidad de analizar las 60.000 copias para llegar a esa conclusión “está manejando el discurso y la teoría falsa de Fiscalía”, dice.
Fausto Jarrín, abogado de Correa, opina que es apresurada esa conclusión. Opina que debería tener un poco más de mesura porque qué va a suceder si la Fiscalía se abstiene de acusar a uno o varios procesados.
Harrison Salcedo, defensor de Jorge Glas, insiste en que dentro del derecho la acusación particular tiene que demostrar el perjuicio que ha sufrido el Estado y hasta el momento no ve que digan de qué partida se llevaron algún dinero.
Rafael Correa
El expresidente habría usado su cargo para implementar la corrupción
En la acusación particular de la Procuraduría se detalla que en el esquema de corrupción el expresidente Rafael Correa fue identificado con los códigos ‘SP’ o ‘RC’.
La presunción de la Procuraduría es que en su calidad de presidente constitucional de la República y en el ejercicio de su cargo, habría utilizado la función pública para implementar un esquema bien diseñado de corrupción y de difícil detección, conformado por servidores públicos denominados ‘líderes’ y ‘coordinadores’.
El objetivo era la recaudación de recursos económicos provenientes de la contratación pública en beneficio del movimiento político Alianza PAIS, que él lideraba y de sus más cercanos colaboradores.
En su calidad de presidente del movimiento político Alianza PAIS, Rafael Correa habría designado mediante decretos ejecutivos a personas de su absoluta confianza y a la vez simpatizantes o afiliados a la agrupación de la cual era el máximo líder.
Fausto Jarrín, defensor de Correa, considera que la acusación es compleja y no ha contemplado la posibilidad que la Fiscalía se abstenga de acusar a uno o varios procesados.
Jorge Glas
El exvicepresidente es señalado por aceptar ofrecimientos de empresas
El exvicepresidente Jorge Glas fue designado como ministro de Sectores Estratégicos primero y luego fue elegido en las elecciones como vicepresidente de la República.
Fue el segundo vicepresidente del Movimiento Alianza PAIS. Sus códigos en el esquema de supuesta corrupción institucionalizada habrían sido ‘L1’ y ‘JG’. Entre 2012 y 2016 habría aceptado la entrega de ofrecimientos de varios representantes legales, apoderados o socios de empresas nacionales y extranjeras.
En la acusación particular se lo describe como líder de ofrecimientos de sobornos. A su cargo estaba un listado de empresas como la constructora Odebrecht que tenía el código ‘V7’ y habría ofrecido un aporte de dos millones de dólares.
También se cita a Sk Engineering con un ofrecimiento de 1,5 millones de dólares y el código ‘V8’. Sanrib con el código ‘V10’ y la oferta de un millón de dólares. En la lista que habría manejado Glas también estaban Metco con el código ‘V13’ y la oferta de medio millón de dólares y Sinohydro con el código ‘V14’ y el ofrecimiento de medio millón de dólares. Mientras que con cruce de facturas habría recibido ofertas de siete empresas por 4,3 millones de dólares.
Walter Solís
El exsecretario habría tenido a su cargo cuatro empresas
El exsecretario de Senagua y exministro de Transporte, Walter Solís, era identificado como ‘L3’ o ‘WS’ en los archivos de Pamela Martínez, exasesora de Correa, y de su exasistente Laura Terán.
Era simpatizante de PAIS. Entre 2012 y 2016 habría aceptado la entrega de ofrecimientos o sobornos de varios representantes legales, apoderados o socios de las empresas nacionales o extranjeras que mantenían contrato con el Estado.
A su cargo habrían estado tres empresas con aportes en efectivo y una con cruce de facturas. Su designación, igual que la de otros, fue ‘estratégica’ y tenía a su cargo la facultad de suscribir contratos para construir obras. MCV
María Duarte
La exministra habría aceptado ofrecimientos
La exministra de Transporte María Duarte habría tenido dos códigos en el esquema de corrupción: ‘L2’ y ‘MD’.
En su calidad de ministra y como directora provincial de PAIS en Guayas, entre 2012 y 2016, habría aceptado la entrega de ofrecimientos de varios representantes legales, apoderados o socios de empresas nacionales y extranjeras que mantenían contratos con el Estado.
A su cargo habrían estado cinco empresas con aportes en efectivo por un millón y seis empresas con facturas por 2,3 millones. Ella ha negado las acusaciones.
