El proyecto de recuperación económica, propuesto por el Gobierno, se enfrenta a un nuevo problema: a las críticas del sector productivo se suma el freno que le quieren poner los asambleístas del ala correísta de Alianza PAIS. Este grupo de legisladores busca que el dinero electrónico se quede en manos del Banco Central del Ecuador (BCE) y no bajo la administración de la banca privada, tal y como el presidente Lenín Moreno lo había ofrecido.

El cambio se hace un día después de que el actual Gobierno sacara de su frente económico a asesores correístas y en medio de una pugna interna de Alianza PAIS que aún no termina de definir el liderazgo del partido. Un escenario que, a criterio de analistas, ha empezado a trabar la aprobación final de este proyecto que, hasta el momento, ya ha sufrido cambios en un 65 % dentro de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea.

Ayer, el informe para el segundo debate de esta propuesta quedó aprobado con siete votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Pabel Muñoz, presidente de esta Comisión, dijo que se ha eliminado todo el capítulo V del proyecto de ley, que tiene que ver con el fortalecimiento de medios de pagos electrónicos y que da vía libre para que el dinero electrónico -que busca convertirse en una billetera móvil- pase a ser manejado por la banca privada.

Un acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), gracias al diálogo que mantuvieron y que hoy Muñoz y otros asambleístas de su bancada, como Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, dicen desconocer. “No conocemos ese acuerdo... no fuimos parte de eso”, dijo Muñoz.

Que se rompa ese compromiso no es lo que más preocupa a Alberto Acosta B., analista económico y editor de la revista Análisis Semanal. Debajo de esta intención, dice, hay un grave riesgo que se genera al pretender que el BCE sea que el siga administrando esta moneda, así como las 360.000 cuentas que se han abierto desde el 2015. “Es muy delicado para una economía dolarizada que el Banco Central tenga esa herramienta, sobre todo en una etapa en la que el Gobierno tiene una alta iliquidez y en la que podría tener la tentación de emitir dinero sin respaldo”.

Este nuevo cambio en la ley alimenta el descontento de representantes del sector productivo y de otros gremios que, tras la salida de autoridades correístas del frente económico del Gobierno, esperan reales correctivos.

Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), pide al Ejecutivo plantearse el retiro de un proyecto, que día a día se desmorona con nuevas reformas y que, a su parecer, no soluciona las necesidades reales que tiene la economía. Una postura que también apoyan asambleístas como Henry Kronfle -también parte de la comisión que debate el proyecto- quien recuerda que, de no retirarse el proyecto a tiempo, el presidente Moreno tiene la facultad de archivarlo con un veto.

Para Carlos Julio Emanuel, exministro de Economía, el retiro o el veto sería una decisión razonable, pues no se puede seguir apoyando una propuesta que ha sido de autoría de figuras correístas, como Patricio Rivera o Diego Martínez, de quienes hoy el Gobierno se ha distanciado. La solución, dice, es iniciar de nuevo y la clave está en la reorganización de un equipo económico que se desafíe a armar una nueva propuesta, que omita la creación de impuestos que permitan la reactivación económica y que incluya una política de real austeridad y reestructuración de la alta deuda pública.