El enredo de Justicia 2.0

Guardado. El sistema judicial 2.0, que costó 23,7 millones de dólares, está en el limbo. Será hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva la legalidad o no de la glosa que la Contraloría impuso a la empresa española Indra, la contratista encargada de su implementación y desarrollo. “Es un tema que no quedará en el aire”, ofreció ayer Gustavo Jalkh, presidente del actual Consejo de la Judicatura, en radio Democracia. Dijo que no es un tema sencillo. “Una glosa que quede en firme, luego de estos trámites judiciales, implicará inmediatamente el cobro”, explicó. La sanción es por un supuesto incumplimiento de contrato. Pero la multinacional española asegura que sí cumplió. Por eso adelantó a EXPRESO que, de ser el caso, llegará hasta instancias internacionales para defender su trabajo. Lo dijo Emilio Puñet Terrado, director de Desarrollo de Negocios del Sector Público de Indra, en Ecuador. El contrato se firmó en la gestión de la Judicatura de Transición, integrada por Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tania Arias. Era 2011 y ocurrió en el marco de la emergencia judicial. Hubo una licitación pública internacional en la que participaron tres empresas y se adjudicó el contrato a Indra el 22 de diciembre de ese año. Justicia 2.0 se debía implementar en 13 meses y apuntaba a sustituir al actual Sistema Automatizado de Trámite Judicial (Satje). Estaba compuesto por 10 módulos (ver gráfico). Según Puñet, se desarrolló todo lo descrito en el contrato. Tanto es así que la actual Judicatura los recibió sin observaciones en el acta de entrega/recepción definitiva. Pero Jalkh disiente. Dijo que en las pruebas hubo alrededor de 280 incidencias (fallas) que se corrigieron. Pero otras no. Señaló que para enmendarlas la empresa pidió otros cuatro millones de dólares. La Judicatura se opuso. Puñet insiste en que “no es responsabilidad contractual de Indra implantar el sistema”, eso le correspondería al Consejo de la Judicatura. Una muestra de ello, ratifica, “son la oferta, contrato y las sucesivas propuestas de implantación efectuadas por el Consejo a Indra, luego de recibir y pagar el contrato”. Tomás Alvear, director general de la Judicatura, espera que el proceso en el Contencioso Administrativo se resuelva hasta finales de año. En caso de ratificarse la glosa, el siguiente paso le correspondería a la Contraloría. Es decir, ejercer la facultad coactiva. Pero esa resolución es susceptible de otro recurso: la casación ante la Corte Nacional de Justicia. Desde Indra esperan, sin embargo, que haya un pronunciamiento favorable del tribunal.