Enfrentar la corrupcion
Las prácticas corruptas son ubicuas, abarcando desde el soborno al vigilante de tránsito a los sobreprecios y coimas en los proyectos públicos y privados, llevando a pensar que la corrupción es una característica muy ecuatoriana. Pero ¿es que estamos genéticamente predispuestos para la pillería? o ¿es que el sistema y la cultura han hecho de la corrupción un instrumento perverso del mercado? No existe determinismo genético que nos haga corruptos. La corrupción se engendra en los malos ejemplos de los gobernantes y el atosigamiento de leyes, normas y regulaciones; en las distorsiones económicas de los impuestos disfuncionales; y en la alcahuetería entre ciertos empresarios y el gobierno de turno. El Ecuador no va a cambiar si no cambia la administración de justicia dispensada por magistrados cuyo comportamiento permite afirmar que en el país se tiene “la mejor justicia que el dinero y el poder político pueden comprar”.
Hay que romper los paradigmas de la corrupción. Los gobernantes están para servir y no para erigirse en los soberanos de turno. Las leyes deben reprimir la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones y combatir el lavado de activos exigiendo que los funcionarios y servidores observen, so pena de prisión y muerte civil, los más altos estándares de conducta ética. Los promotores y representantes de empresas que hacen negocios con el gobierno requieren ser registrados como tales, competir en procesos abiertos, declarar sus ganancias, pagar los impuestos, y someterse al escrutinio público. La Fiscalía y la Judicatura tienen que estar blindadas contra el manoseo político, ser independientes y estar integradas por magistrados probos. El Gobierno debe ser austero, controlar el gasto de consumo, privilegiar la inversión social, fortalecer la seguridad interna y externa, y desechar ser empresario. La gestión gubernamental requiere adoptar las mejores prácticas, utilizando las tecnologías disponibles para controlar la gestión de sus diferentes componentes. No puede haber privilegios para los funcionarios y servidores. Es necesario combatir el nepotismo, el amiguismo, y el patrocinio político partidista. Las remuneraciones de los servidores públicos deben guardar concordancia con el mercado; el espionaje político no puede existir; las asesorías innecesarias, los ejércitos de guardaespaldas y las flotas de vehículos ser eliminados. Se tiene que desmantelar los monopolios estatales y combatir la concentración de mercado por parte de privados, promoviendo la competencia. La acción de gobierno debe volcarse hacia la protección del consumidor, abandonar el proteccionismo, y flexibilizar la legislación laboral para fomentar el empleo productivo. Las empresas públicas que queden tienen que ser autosustentables, admitir la inversión privada, cotizar sus acciones en las bolsas de valores, y tener sus balances y estados financieros al día.
En definitiva, el combate a la corrupción demanda que el Estado depredador creado por RC y su falsa institucionalidad sean desmantelados: no a la usanza de Penélope con su tejido interminable, sino con la decisión de Alejandro Magno cuando con los golpes de su espada desbarató el nudo gordiano.
