Regular, de manera efectiva, el desarrollo de programas de prevención integral al uso y consumo de drogas en los lugares de trabajo públicos y privados es el objetivo principal por el que se firmó, la mañana de ayer, un acuerdo interinstitucional entre la Secretaría Técnica de Drogas y los ministerios de Trabajo y Salud.

Este convenio obliga a las empresas públicas y privadas que tengan más de diez empleados a desplegar acciones orientadas al desarrollo de actividades preventivas de consumo de alcohol, drogas e implementación de prácticas saludables en el lugar de trabajo.

Según Andrés De la Vega, subsecretario general de la Secretaría Técnica de Drogas (Seted), lo que se pretende con este acuerdo es que los departamentos de salud puedan identificar si en sus empresas existen trabajadores con problemas de adicción; y si es así, que puedan derivarlos a un sistema especializado.

“Tal vez hay una persona que tiene un problema de adicción al alcohol o a las drogas y que se encuentra operando una maquinaria con la que puede causar algún daño. Lo que queremos justamente es atender a esas personas. Y si esas personas no existen, entonces hay que trabajar en la prevención”, indicó De la Vega.

En el documento firmado se especifica que las empresas tienen 180 días, desde la publicación del mismo en el Registro Oficial, para inscribir su programa en el Ministerio de Trabajo, desarrollarlo, socializarlo y capacitar a un trabajador para que sea el único calificado para emitir informes sobre los resultados del programa o los diagnósticos de los demás empleados.

Terminado el plazo, se iniciarán los controles para verificar el cumplimiento

De la Vega mencionó que al principio la Seted se encargará de asesorar gratuitamente a las empresas para que inicien con los planes, pero que en el transcurso de los días darán a conocer cuáles serán las instituciones que darán el servicio de capacitación a cada empleado designado. Se está estudiando todavía si el curso tendrá algún costo.

El acuerdo también especifica que las empresas deberán publicar en sus páginas webs el instructivo y las herramientas para la implementación del programa de prevención, así como también “las actualizaciones que sean requeridas por las carteras de Estado competentes y de conformidad con la evaluación de los resultados alcanzados”.

Si luego de la socialización del programa y de los diagnósticos el empleado no cumple con lo dispuesto, el inspector de Trabajo podrá sancionarlo según el artículo 628 del Código de Trabajo, que implica el pago de hasta 200 dólares. CBS