Si el Ejecutivo cumple su anuncio, el 2017 se estrenará con un nuevo impuesto. La Asamblea deberá tratar, en medio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la propuesta de Ley de Plusvalía que, según el presidente de la República, se enviará como económico-urgente.

Es decir, el Legislativo debe completar el trámite en 30 días.

Y entre los militantes de las agrupaciones de oposición renacen los temores por las consecuencias económicas que esta norma podría traer. La idea del oficialismo es gravar con un impuesto (la tarifa no ha sido anunciada todavía) a las ganancias extraordinarias que se produzcan por la compraventa de un inmueble. Aplicaría desde la segunda venta.

Según el primer mandatario, Rafael Correa, se pretende para evitar las ganancias ilegítimas generadas, sobre todo, por obras del Estado.

La mayoría de candidatos a la presidencia, como publicó EXPRESO el martes, critica la intención de crear un nuevo impuesto. Con excepción del postulante de la ID, Paco Moncayo, quien no ve mal la imposición de un tributo.

Los empresarios no creen conveniente modificar la tabla impositiva en este momento. Insistir en la ley “no ayudaría en nada a reactivar la economía”, escribió en Twitter, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

La alerta toca al sector de la construcción. La anunciada Ley de Plusvalía, advierten en la oposición, sería un nuevo golpe para un sector que no ha tenido un año fácil.

“El sector de la construcción que genera empleos está deprimido, con la Ley de Plusvalía podría morir”, dijo Henry Kronfle, exdirigente empresarial y actual candidato a asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC).

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, también cree que es un grave error perseverar en el trámite de la norma. Él dijo a Ecuavisa que el impuesto a las ganancias extraordinarias ahuyentará la inversión en el sector de la construcción. “Para superar la crisis se necesita justamente lo contrario”, dijo.

El oficialismo, en cambio, solo ve ventajas. ¿La principal? El financiamiento para los gobiernos locales.

Según Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, los recursos que se generen por el cobro del impuesto a la plusvalía no irán al Gobierno central, sino a los municipios. Ella ofreció que abrirá un espacio de diálogo en cuanto la propuesta del Ejecutivo llegue a sus manos para el trámite.

Andrés Valdivieso, uno de los impulsores de las protestas ciudadanas en la capital en contra de la ley en 2015, primer coordinador de la Asamblea de Quito y actual integrante del Foro Democrático, no cree en ese llamado. “Se dialoga con gente que uno cree y tiene confianza y, a este Gobierno, pocos le creen”, dijo a EXPRESO. Él también teme que el impuesto “genera un desestímulo a la construcción e inversión en bienes raíces”.

¿En qué coinciden oficialismo y oposición? La reforma incidirá en la campaña. PAIS cree que se usará para atacarlo; los de la oposición dicen que incluso, es un flaco favor que el Gobierno hace a su postulante, Lenín Moreno.

Catastros

Incentivos

Todavía no hay mayores detalles. El texto de reforma que el Ejecutivo enviará al Legislativo incluirá, además de la plusvalía, modificaciones legales para el sistema de catastro. El Gobierno dice que se propondrán “incentivos” para que los municipios completen esos registros y mejore el cobro del impuesto predial.

Cifras

Según las cifras oficiales, la tarifa del impuesto predial promedio en Ecuador y, por lo tanto, su recaudación es una de las más bajas de América Latina. El Ejecutivo ha sido muy crítico de los municipios a los que acusa de depender, casi exclusivamente, de sus transferencias económicas.