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Empresario recibe siete años por corrupción relacionada con Odebrecht

Un tribunal penal condenó al principal de Diacelec y a dos personas más como autor y coautores del delito de lavado de activos

CASO ODEBRECHT
El empresario Édgar Arias también fue sentenciado en el caso Odebrecht junto con Ricardo Rivera, tío de Jorge GlasArchivo

El empresario Édgar Arias recibió ayer miércoles siete años de cárcel como autor directo de lavado de activos. La investigación derivó de la trama de sobornos de Odebrecht en la que el empresario también fue condenado por asociación ilícita junto con el exvicepresidente Jorge Glas, actualmente preso en la cárcel de Cotopaxi.

El juicio demoró casi 15 días. Además de Arias fueron sentenciados como coautores del delito Juan Barberis y Gladis Analuisa. La sentencia llegó después de más de dos años de la formulación de cargos efectuada el 9 de enero de 2018. 

El tribunal dispuso también que los sentenciados cancelen una multa de 29’204.476 dólares, eso es el doble del presunto perjuicio. En el juicio contra Arias y Diacelec la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) actuó en calidad de víctima.

Para las personas jurídicas que fueron investigadas y juzgadas en este caso, Diacelec y Conacero, los jueces dispusieron la disolución y la liquidación de bienes.

En este caso también hubo otras tres personas llamadas a juicio. Pero el tribunal ratificó su estado de inocencia.

Durante el juicio la fiscal Ivonne Proaño evidenció la materialidad del delito y la participación de los procesados. Determinó además que el perjuicio al Estado por los hechos ocurridos entre 2010 y 2017 fue de 14’602.238 dólares.

De Arias aseguró que era el único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management que habría recibido transferencias provenientes de Odebrecht para el pago de coimas.

Columbia, con la firma de Arias como autorizada, habría transferido y girado cheques desde sus cuentas en Panamá en su favor y de las empresas Diacelec y Conacero. Otra de las anomalías que encontró la fiscal Proaño durante sus investigaciones y posteriores pruebas en el juicio fue que Diacelec tenía dos cuentas bancarias en las que habría recibido más de 10 millones de dólares, que no registró en la contabilidad. 

Por medio de ellas habría cancelado el servicio de camiones blindados para transportar valores y entregar en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.