La perspectiva de una declaración unilateral de independencia ha impulsado el éxodo de empresas con sede en Cataluña hacia otros lugares de España, en el mismo día en el que el Ejecutivo regional catalán estableció en un 43 % la supuesta tasa de participación en el referendo secesionista ilegal del 1 de octubre.

Dos de esas compañías son la multinacional Gas Natural, con una importante presencia internacional, y CaixaBank, el primer banco catalán y tercero de España, que ayer anunciaron el traslado de sus domicilios sociales a Madrid y Valencia, respectivamente.

La salida de Cataluña de ambas firmas se produjo horas después de que el Consejo de Ministros español aprobara un decreto ley para agilizar el cambio de sede fiscal de las entidades que así lo deseen sin tener que ser aprobado por su junta de accionistas.

La decisión de CaixaBanK sigue a la adoptada el jueves por otra entidad financiera catalana, Banco Sabadell, quinta en España por sus activos, así como las adoptadas por empresas como Banco Mediolanum, Arquia Banca, Naturhouse, Derby Hoteles, Oryzon, Dogi, Gas Natural Fenosa, Ballenoil o Service Point, entre otras.

Todo esto mientras el Gobierno regional de Cataluña publicaba los datos oficiales de la consulta soberanista ilegal del pasado 1 de octubre en el que, según su recuento oficial hubo 2,044 millones de votos favorables a la secesión.

Una ley, aprobada por el Parlamento regional catalán el 6 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional, establecía que, una vez anunciados los resultados oficiales de la consulta, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) debía de hacerse efectiva en un plazo de 48 horas.

Puesto que el fin de semana no cuenta a esos efectos, ese plazo iría hasta el 10 de octubre y ayer mismo la Mesa del Parlamento regional, que es su órgano rector, fijó para ese día una comparecencia ante el Pleno del presidente regional catalán, Carles Puigdemont. Según la CUP, el partido secesionista, ese pleno debe servir para ratificar los resultados del referendo y declarar la independencia.

En el plano judicial, la Fiscalía española amplió la investigación por sedición al jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluis Trapero, quien ayer declaró en la Audiencia Nacional española como investigado.

La imputación se circunscribía en un principio al acoso que sufrió la Guardia Civil durante un registro a la Consejería de Economía catalana para impedir el ilegal referéndum independentista. Ahora se amplió a los hechos posteriores.