El 12 de septiembre, el Banco Central Europeo decidió iniciar otro programa de compra de activos, con planes de destinar 20.000 millones de euros mensuales a la compra de títulos, por tiempo indefinido, usando la misma estructura que en el pasado. La decisión no fue unánime: representantes de Alemania, Francia, Países Bajos, Austria y Estonia en el consejo del BCE se opusieron firmemente a una nueva flexibilización cuantitativa (FC). El presidente del BCE, Mario Draghi, asegura que hubo una mayoría tan grande a favor de la nueva expansión monetaria que ni siquiera fue necesario contar los votos. No menciona que los países que se opusieron a la decisión contribuyen el 56 % del capital del BCE y equivalen al 60 % de la producción de la eurozona. Pero contando a sus compatriotas en el Consejo de Gobierno del BCE, solo tienen siete de 25 votos potenciales (con sujeción a un sistema de rotación de los derechos de voto). Esto genera serias dudas sobre el proceso de toma de decisiones del Consejo de Gobierno del BCE, que se justifican más teniendo en cuenta que el presidente de EE. UU., Donald Trump, se quejó abiertamente de la política de tipo de cambio implícita en las compras de activos del BCE. Durante la primera ronda de FC del BCE, los vendedores de títulos públicos modificaron sus carteras apreciablemente. Usaron el producto de la venta para comprar bonos del Tesoro de EE. UU. (querían seguir invirtiendo en la misma clase de activos). Y los vendedores estadounidenses usaron los euros recibidos para comprar activos corporativos europeos que la devaluación del euro había abaratado. El tipo de cambio del euro respecto del dólar se redujo alrededor de una cuarta parte entre mediados de 2014 y enero de 2015, momento del lanzamiento formal del programa, porque la mayoría de operadores dio por segura la implementación del programa y actuó en consecuencia. Los bancos italianos, en particular, se adelantaron a comprar títulos europeos en todo el mundo, aprovechando (en forma desproporcionada) fondos del programa de operaciones de financiación a más largo plazo con objetivo específico iniciado por el BCE en junio de 2014. El BCE niega que siga una política de tipo de cambio. Pero es imposible negar que su política actúa a costa de los socios comerciales de Europa. Hace unos años, cuando la Reserva Federal de EE. UU. adoptó una política similar (siguiendo el ejemplo del Banco de Japón), su entonces presidente Ben Bernanke admitió abiertamente los efectos de la FC sobre el tipo de cambio, pero dijo que no estaba del todo claro cómo se producían. Cuando luego los europeos se sumaron con su propio programa de FC, solo tomaron la parte del pastel que les correspondía. La administración Trump es perfectamente consciente de lo que sucede (como todo el mundo). Trump advirtió a Europa más de una vez que no se pase de la raya. Para evitar convertirse en el vecino “empobrecido”, no deja de mostrar la amenaza de sanciones comerciales. Europa está ante una disyuntiva: puede seguir permitiendo que el Consejo de Gobierno del BCE mantenga una política (implícita) de tipo de cambio, o decidir que el conflicto comercial inminente con EE. UU. es un tema para instituciones sujetas a control democrático, en que los bancos centrales no tienen competencia.