Las ‘buenas intenciones’ también pueden ser cuestionadas por incumplimientos legales. Los gastos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para atender la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus están en la mira de las autoridades de control por no tener una justificación previa. Hay exámenes que muestran que el colectivo de gobiernos locales hizo compras -con fondos públicos- sin tener una necesidad definida.

En total, la afectación determinada supera los 249.597,50 dólares.

¿En qué se utilizaron esos recursos? La Contraloría General del Estado asegura que la AME pagó ese valor por 124.285 mascarillas (entre quirúrgicas y JN-95) para distribuir a los 221 municipios del país.

Hasta ahí no hay problema, o al menos eso parece. La Contraloría afirma que esa compra no estuvo justificada porque ninguno de los municipios que conforman la Asociación pidió mascarillas. Cada gobierno seccional hizo sus compras y no acudieron hasta el gremio para pedir material adicional.

Los miembros del Comité Ejecutivo de la AME, asegura la Contraloría, “crearon la necesidad [...] sin que eso corresponda a sus competencias y atribuciones”. Ningún alto funcionario de la asociación cuestionó, controló o supervisó la pertinencia de la adquisición.

El informe de DNA5-0038-2020, firmado oficialmente el 20 de agosto, muestra que las intenciones del organismo pudieron ser positivas, pero el uso de recursos de todos los ecuatorianos debe estar justificado y amparado en la ley. Una asociación de municipios no es la llamada a dotar de insumos médicos a los gobiernos locales.

La justificación que la asociación dio a la Contraloría también es cuestionada. Según los representantes del colectivo, la adquisición que se concretó en abril se realizó para entregar mascarillas a los más de 87.555 burócratas municipales y a la ciudadanía en general. Aseguran que se contó con estudios estadísticos y reportes amparados en las disposiciones que dio en ese momento el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).

Contraloría, sin embargo, asegura que en ninguno de los documentos señalados se encuentra un pedido de los municipios para la compra ni una justificación legal para entrar en gastos que ya estaban siendo realizados por los alcaldes de todo el país.

EXPRESO consultó con la Asociación de Municipalidades sobre el resultado del informe del ente de control pero, hasta el cierre de esta edición, no existió una respuesta oficial.