Todo estaba servido para que Elizabeth Cabezas se alzara con una victoria limpia. Había una acusación subjetiva y mal planteada; había un caso difícil para la acusadora, la correísta Amapola Naranjo, quien debía demostrar que la conversación telefónica que la presidenta de la Asamblea mantuvo con la ministra del Interior, María Paula Romo, durante la sesión del 7 de marzo, constituyó incumplimiento de funciones de su parte; tenía además, la presidenta, una indudable ventaja moral proveniente de haber sido grabada sin autorización; para colmo, quienes la acusaban de bloquear la fiscalización eran los mismos que convirtieron la Comisión de Fiscalización en comisión de archivo y soslayaron el control político durante los diez años que controlaron la Asamblea. En suma: pan comido.

Sin embargo, a la hora de la verdad, en lugar de pelearla de frente y ganar en buena lid, se optó por la vía más sinuosa. La noche del miércoles, la comisión constituida para investigar a la presidenta decidió, simplemente, no hacerlo. No llamar a declarar a Cabezas ni a Naranjo ni a nadie. No practicar pericia alguna ni analizar las pruebas. No hacer nada, solo dar por cerrado el caso. De esta manera, otorgó a los correístas toda la cancha del mundo para arrastrar a la presidenta ante la opinión pública. Y esta vez (todo hay que decirlo) con razón.

¿Hizo trampa la comisión? Por lo menos dejó harto espacio para discutirlo. La moción de “recomendar al Pleno abstenerse de aplicar cualquier sanción a la presidenta” fue propuesta por el oficialista Fausto Terán y recibió el apoyo de María Mercedes Cuesta (FE). Su teoría: el caso era una suma de errores. Primero, Amapola Naranjo presentó su acusación sin cumplir todos los requisitos (le faltó una declaración juramentada); luego, olvidó anexar el audio de la conversación y lo remitió más tarde; además, ese audio no ha sido avalado y no sirve como prueba; finalmente, para cuando Naranjo volvió a presentar la misma denuncia, esta vez con todas las de ley, y forzó una reunión dominguera urgente del CAL, Cabezas se sacó de la manga un pronunciamiento del procurador del Estado según el cual el CAL no puede volver a resolver sobre lo ya resuelto.

En suma, finalizó Terán, “no tenemos ningún elemento para analizar”. Y fue como si esa realidad se creara con solo nombrarla. La verdad es que el CAL, en esa sesión de domingo, desechó el pronunciamiento del procurador, básicamente porque sobre el caso no había resuelto nada, y decidió admitir la denuncia de Amapola Naranjo y remitirla al Pleno. Y el Pleno, ya se sabe, nombró a la Comisión. Ahora la Comisión desconoce la autoridad del CAL y del Pleno y declara que no hay nada que investigar. Y sanseacabó.

Es un alto riesgo si se considera que el informe de la Comisión no es vinculante y que el Pleno tendrá que conocerlo y tomar sus propias decisiones. Salvo que ya esté pactado (bajo la mesa, como aquí se estila) salvar el cuello de la presidenta. El lunes pasado, Amapola Naranjo quiso introducir en el orden del día del Plenario una propuesta para que Cabezas dé un paso al costado mientras se la investiga. Nadie la apoyó. Si las cosas se mantienen así, la presidenta está salvada. Pero los correístas se habrán alzado con una victoria moral que nadie, y ellos menos que nadie, se la esperaba.

De hecho ya empezaron a festejar. Marcela Aguiñaga, tercera integrante y voto disidente de la Comisión, llevó bien afinados todos los argumentos jurídicos del buen fiscalizador que mantuvo bien guardados durante la legislatura pasada. Básicamente, explicó lo evidente: que la Comisión no tiene competencias para calificar una resolución del CAL. Y calificó lo actuado como “una farsa”. Mientras tanto, sus compañeros de bancada, que asistieron en masa a la sesión, celebraban su derrota como la victoria que era: con risas y exclamaciones más de algarabía que de indignación. María Mercedes Cuesta pidió la intervención de la escolta legislativa para controlarlos, pero ya estaban de salida. ¿Quién quiere causar problema después de semejante regalo?

Los trapos sucios del CAL

La sesión fue maratónica y contempló más de dos horas de lectura de documentos. Entre ellos, el acta de la sesión del CAL del domingo 31 marzo. Un actor de teatro, no un secretario jurídico, se necesitaba para acometer la interpretación de una sesión en la que los integrantes del órgano legislativo estuvieron a punto de jalarse los pelos de la cabeza.