Tras revisar la publicación de diario EXPRESO del 27 de diciembre, titulada “Edwin Jarrín se resiste a rendir cuentas a la Contraloría por su gestión en Transparencia”, me veo en la obligación de hacer respetar mis derechos por lo que realizo un pedido de réplica...

La notificación de la Contraloría llega a mi despacho el 22 de diciembre a las 11:30. Ese mismo día, a las 16:25, respondí a ese documento haciendo notar el descuido procedimental sobre quien debe ser el firmante del requerimiento. Un asunto no menor que su texto pretende desvalorizar.

A pesar de las observaciones descritas, puse de manifiesto mi deseo de colaborar y atender los requerimientos de la Contraloría General de la República. De la misma manera, hice referencia al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para que la autoridad de control enfoque su trabajo adecuadamente.

Ante la ausencia de respuesta a mi solicitud por parte de la Contraloría, envié la información solicitada el 27 de diciembre a través de un documento que fue recibido en dicha institución a las 14:45. Después de todo, la Contraloría asumió su error y me envió respuesta al oficio del 22 el día 27 de diciembre, a las 16:50, firmada por el contralor subrogante, doctor Pablo Celi.

Ustedes no recogen mi versión sino que hacen una interpretación ligera de los hechos y lo titulan de la forma más burda y simplona al decir que “me resisto a rendir cuentas”. Sepan ustedes que no es la primera vez que enfrento una auditoría. En el año 2012, la Contraloría General del Estado hizo un examen especial a mi patrimonio y en el 2016 al de mi esposa, cuya conclusión principal fue que este había decrecido. Ahora, sin argumento alguno, se pretende iniciar un nuevo proceso, y aquí estaré dispuesto a transparentar mis cuentas y mi patrimonio como lo he hecho durante toda mi vida como servidor público.

Debo manifestarle que ustedes han vulnerado el artículo 18 de la Constitución de la República, que determina que “todas las personas en forma individual o colectiva tiene derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”, y han afectado mi dignidad y reputación.

El Ecuador dejó de ser un feudo en el que campeaba la impunidad y el libertinaje del poder de los medios de comunicación. Y aunque hoy haya una abierta persecusión contra los honestos, la sociedad ecuatoriana sabe que los medios tienen una responsabilidad social y les exige que la asuman.

Edwin Jarrín Jarrín

NOTA DE LA REDACCIÓN

Este Diario publicó los cuestionarios que Edwin Jarrín hizo a la Contraloría en su edición impresa del 27 diciembre. Por tanto, la información fue elaborada el 26 y hasta ese día, tal como lo acepta en esta misiva, ni él había remitido la información a la Contraloría ni este organismo de control había contestado su carta.