“Nos sentimos impotentes por lo que está pasando en Ecuador”, así lo expresó Deysi Vera, ecuatoriana residente en España por más de 20 años. Ella se dio cita al plantón pacífico, que se desarrolló en la capital española, junto a decenas de compatriotas.

Vera, además, manifiesta que tiene una preocupación latente por sus familiares, tanto así que las extorsiones han llegado hasta Madrid: “tengo un sobrino que vive aquí y tiene un pequeño negocio. A él le han amenazado de muerte a sus padres, que residen en Ecuador, si no paga el valor de $4.000”.

La protesta contó con la participación de algunos representantes sociales, quienes aprovecharon para exigir al Gobierno Nacional que tome más acciones que garanticen la paz de los ciudadanos en el país.

“En Ecuador está sucediendo algo que nunca en la historia había pasado, antes sentíamos una satisfacción cuando nos llamaban de Ecuador nuestros familiares, pero ahora cuando nos contactan, sentimos que puede ser porque alguna tragedia está ocurriendo”, indicó Éder Quezada, presidente de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en Madrid (Asoprema).

Para el ciudadano ecuatoriano, Luis Cifuentes, no existe una sinergia entre las diferentes entidades del Estado para combatir con eficiencia la violencia. “Es urgente que el Gobierno se implique más en la seguridad de nuestro país, desde lejos estamos tratando de levantarnos para mostrar nuestro rechazo a ese abandono. Parece que las instituciones públicas no están haciendo su deber, no se cohesionan para poder sacar el país adelante”, señaló.

Los ecuatorianos que se dieron cita estuvieron presentes por más de 2 horas, en espera de que su clamor popular sea escuchado por los representantes del Estado y la comunidad internacional para que, mediante un Programa de cooperación, se pueda contar con herramientas y recursos técnicos, con el objetivo de luchar contra la criminalidad, injusticia social y el encarecimiento de la vida.

Según cifras del Ministerio del Interior, Ecuador mantiene un récord negativo en seguridad: en el 2022 cerró con 4.603 muertes violentas, lo que representa 25 homicidios por cada 100.000 habitantes; y hasta mediados de marzo del 2023 ya se habían registrado 1.356 crímenes. Si se considera desde junio del 2021 hasta marzo, la cifra es de más de 7.700 muertes violentas durante el periodo de gestión de Guillermo Lasso.