Las relaciones comerciales con China no fueron decididas por el gobierno anterior con base en un objetivo de desarrollo, sino por la avidez de contar con recursos para empujar obras apoteósicas, en una desbocada carrera matizada por un aquelarre de relumbrón propagandístico. En ese sentido, las proclamas de un “cambio de la matriz productiva”, como supuesto eje de una transformación económica, no fueron sino componentes verbales de una retórica de publicidad para encubrir el interés real de convertir al Estado en el sujeto protagónico de la economía y la vida nacional, y fundar, con el jefe y sus acólitos, una nueva élite de poder sustentada en negociados y latrocinio.

Así, sin verdaderas estrategias para mejorar la competitividad, el vínculo con esa “gran potencia” significó una atadura, una soga al cuello, de la que hasta ahora el Ecuador no ha podido zafarse. Con ese manido discurso de no aceptar las condiciones atentatorias a la soberanía nacional, que fue el justificativo para despreciar el papel de los organismos multilaterales de crédito, el fenecido régimen resolvió implorar la “ayuda” china, y las consecuencias han sido desastrosas. Los múltiples problemas reseñados en Diario Expreso y otros medios de prensa, nos llevan a la conclusión de que el vínculo con China, a través de los “créditos atados”, conlleva una sumisión total a sus intereses, un desangre imparable de nuestros recursos, y una sujeción a su aplastante política imperial.

El Gobierno debe replantearse esa relación e iniciar una verdadera política económica que se asiente en claros objetivos de desarrollo, en proyectos que funcionen a partir de un estricto respeto a la normatividad constitucional y jurídica nacional, y en una urgente y sostenida utilización de la iniciativa privada ecuatoriana, dispuesta a asumir los retos, cumplir sus obligaciones, y garantizar el empleo de nuestra mano de obra. Esta tarea debe marcar el inicio de una renovada gobernabilidad, la toma de decisiones inmediatas, y la construcción de políticas de Estado.