Más de dos años y medio de Gobierno, tras recibir una polémica ‘mesa servida’, y en menos de un mes se pretende definir cuál será la fórmula que sacará a Ecuador de ese ciclo vicioso en el que entró en 2014, donde el déficit fiscal se cubre a punta de endeudamiento público.

La nueva receta resucita ahora el fantasma de la subida de impuestos. Tras negarse un alza en el IVA de forma oficial, y tras sucumbir ante las protestas indígenas, lo que dificulta la oxigenante eliminación de los subsidios a los combustibles, todos los indicios apuntan a una maniobra para aumentar los ingresos por la vía de la recaudación tributaria.

Ese camino inquieta a casi todos. A los consumidores, a los ciudadanos, a los empresarios y, sobre todo, a los contribuyentes. En un país donde los recovecos para eludir las obligaciones impositivas son más habituales de lo deseable y de lo sostenible, al debate sobre la subida de impuestos se incorporan las críticas ante la falta de cumplimiento de las obligaciones. Tal y como ha publicado EXPRESO en sendos reportajes, hay políticos, líderes sociales, dirigentes indígenas, legisladores y representantes gremiales que o no pagan impuestos o no declaran una cifra acorde con su nivel de vida.

Surge entonces el planteamiento más obvio: ¿no sería mejor que las instituciones encargadas del control tributario garantizaran que la masa de contribuyentes crezca, al reducir la elusión y evasión, a que los contribuyentes que ya cumplen con el Fisco deban asumir una carga mayor? Las cifras oficiales dejan ver que hay un nicho de contribuyentes aún por explotar.

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), solo 10.578 personas en todo el país ganan más de $ 100.000 al año (es decir $ 8.333 de ingresos mensuales en promedio), una cifra ínfima si la misma institución registra 1’799.846 contribuyentes a enero de 2019.

Por eso, tienen tanto eco las proclamas (comúnmente defendidas en todas las tendencias políticas y sociales) que piden que quienes más tengan, más paguen.

“Yo me pregunto cuándo ha sido diferente. Siempre el que más tiene ha pagado más”, replica Carlos Repetto, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Con él concuerda el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre. “Es la lógica de la economía”, argumenta. “Si pagas un impuesto del 10 % y ganas 100 dólares, pagas 10; y si ganas 1.000, pagas 100”.

El punto de fuga está, entonces, en los incumplimientos. El SRI registra 2.386 millones de dólares en glosas, siendo uno de los principales conceptos por ingresos gravados no declarados (356,87 millones de dólares), en 2018. Y eso solo lo que registra el SRI.

Si miles de millones de dólares se escapan al radar de Rentas, la transparencia se impone como algo fundamental. Lo que contrasta con una de las propuestas del proyecto de ley que tramita la Asamblea. El artículo 6 califica de reservadas las “declaraciones, información, datos, informes y antecedentes tributarios”. Es decir que si se aprueba este artículo, se le colocará un manto de opacidad a toda información sobre el pago de impuestos de cualquier persona, incluidos los funcionarios públicos y eventuales candidatos a convertirse en uno, datos que ahora son públicos y de libre acceso.

Curiosamente, ese aspecto ha pasado desapercibido ante los ojos de los asambleístas y de dirigentes sociales que en muchos de sus discursos hablan de la importancia de la transparencia. Las propuestas planteadas, pese a ser de diferentes actores públicos, coinciden en preocuparse más por impedir el alza de impuestos, reducir el tamaño del aparato estatal o rentabilizar la venta de empresas y entes públicos. Ideas que, sin embargo, no resuelven el problema de estrechez económica en el país de forma inmediata y que, por tanto, dejan al Ejecutivo en una solitaria encrucijada.

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Industrias

Reducir el gasto corriente

Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, no ve una salida a la crisis económica al corto plazo sino al largo plazo. A su criterio, es necesario empezar con una discusión sobre la focalización de los subsidios a los combustibles, la reducción al gasto corriente y el cambio de visión en el modelo económico como primeros peldaños para salir de la crisis económica. “Necesitamos un modelo de libertad económica, que permita el crecimiento y la redistribución... El Gobierno anterior nos dejó endeudados hasta el 2030 y con el petróleo prevendido hasta el 2024. Toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para lograr equilibrar las cuentas fiscales”.

La cifra

38,5 % de empleo adecuado es el dato que más preocupa al sector industrial.

Construcción

Bajar en dos puntos el IVA

Sacrificios. Deben venir de lado y lado. El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Carlos Repetto, cree que casa adentro del Gobierno también hay que arrimar el hombro. El dirigente opina que entre las primeras medidas para salir de la crisis está el continuar con la reducción del gasto en el sector público, “donde lo puede hacer”. Además, deben bajarse tasas impositivas, aranceles, y pensar en reducir unos dos puntos el Impuesto al Valor Agregado, “para generar una movilización económica que produzca una reactivación del sector privado”. Paralelamente, debería eliminarse el “monopolio” que tiene Petroecuador y permitir la libre importación y comercialización de combustibles.

La cifra

5.000 millones de dólares de déficit presupuestario es el dato que más preocupa al sector.

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Comercio

Delegar al sector privado

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera que es posible ver resultados a corto plazo en el camino para salir de la crisis económica y lanza algunas propuestas. Primero, trabajar en la delegación de la administración privada en el sector petrolero, para que pueda ingresar un flujo de dinero y duplicar la producción de crudo. También focalizar el subsidio a los combustibles y cerrar las empresas públicas que pierden o entregarlas al valor de sus pasivos. Además, revisar la duplicidad de funciones en el Estado. “Todo esto se puede implementar al corto plazo. Solo con decisión y ejecución”. En las propuestas expuestas, según el dirigente gremial, el país podría ganar y ahorrar cerca de 4.575 millones de dólares.

El detalle

La crítica. La postura de la Cámara de Comercio de Quito es que el proyecto de ley tiene un enfoque recaudatorio.

Agrícola

Recuperar la competitividad

Para Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, es complicado ver resultados en la salida de la crisis económica a corto plazo, cuando existe un “problema estructural en pérdida de competitividad”. Es por ello que el dirigente gremial considera que como primer paso hay que corregir ese inconveniente. “Es un tema que creo todavía no estamos abordándolo en términos prácticos. No estamos atacando el problema macro que tiene el país, que son los costos de producción”. Es de los que creen que de poco sirve aprobar un paquete de reformas tributarias con un fin recaudatorio si el dinero no es bien administrado y direccionado a los sectores que más lo necesitan. Por ello, también estima que otra medida fundamental es priorizar los gastos y que no vayan a alimentar un “aparato burocrático obeso”.

El detalle

Lo destacable. En el tema agropecuario, el dirigente resalta que el proyecto abre la opción a un impuesto único a la renta.

Indígenas

Focalizar los subsidios planificadamente

Las propuestas del sector indígena tienen algunas coincidencias con las planteadas por otros sectores. El documento elaborado en el marco del Parlamento de los Pueblos y Colectivos Sociales propone, entre otros puntos, incrementar la capacidad de determinación en el Servicio de Rentas Internas, crear un impuesto del 1 % de los activos a los grupos económicos e imponer un tributo del 5 % al patrimonio, reducir el Impuesto al Valor Agregado del 12 al 10 %, no tocar los subsidios, la focalización de los subsidios debe hacerse de manera técnica y planificada, y la no autonomía del Banco Central. A criterio de Leonidas Iza, dirigente indígena, los impuestos no pueden focalizarse en quienes siempre han “sostenido la economía nacional, quienes más tienen más deben aportar”.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, considera que el proyecto del Ejecutivo debe ser archivado.

Trabajadores

Cobrar la deuda tributaria a grandes empresas

La propuesta del sector trabajador para salir de la crisis económica es directa y puntual. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores en Guayas, Juan Vareles, describió los cinco puntos presentados al Gobierno Nacional: cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas, cobrar el impuesto a la renta de acuerdo con una tabla y que las petroleras y telefónicas tengan un impuesto diferenciado, bajar el Impuesto al Valor Agregado del 12 al 10 %, que todo lo recaudado por concepto de impuestos vaya a la producción agropecuaria y luchar contra la corrupción recuperando el dinero robado y buscar mecanismos para evitar estos hechos.

“Esta no es una propuesta del sector indígena, que gozó de buena salud durante la época de Correa y los dos años de Moreno. Es una del sector trabajador y que la hemos expuesto durante mucho tiempo”, aclaró el dirigente.

Político

No más impuestos y atraer más inversión

No más impuestos es la propuesta estrella de la clase política del país. En eso están de acuerdo. Pero también ven en otras vías la salida a la crisis económica. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, en una reciente consulta realizada por EXPRESO dijo que también cree que hay que apuntar a la reducción del gasto público, a la renegociación de la deuda, a la concesión a privados de la administración de empresas públicas, generar confianza y seguridad jurídica para atraer la inversión nacional y extranjera, entre otros aspectos. Mientras que el líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, apunta a tres áreas: la fiscal, la productiva-comercial y la laboral. Reducir el gasto en compras de bienes y servicios, una agenda para atraer inversión privada, eliminar el impuesto a la salida de divisas y a los consumos especiales para varios productos, reformar el Código Laboral, entre otras opciones.