En septiembre pasado se cumplió un año desde que el país empezó a conocer los escándalos que envolvieron al mercado bursátil: los impagos en los que habían caído Ecuagran y Delcorp que fueron la punta del ovillo que    terminó por alumbrar el millonario desfalco en las inversiones del seguro policial (Isspol). Desde ese entonces se han iniciado procesos judiciales en contra de unas 30 personas, que hoy están bajo medidas cautelares, pero el país sigue sin entender cómo estas irregularidades pudieron suceder a vista y paciencia de las autoridades.

Según la Ley de Mercado de Valores es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercía) la llamada a esclarecer el tema, pues en su artículo 10 le atribuye funciones de “vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores”. No obstante, su gestión se ha visto marcada por el silencio. “Hemos sido engañados”, dijo de forma escueta el actual superintendente de Compañías, en una entrevista televisiva, pero tras las críticas decidió callar, negando toda posibilidad de entrevista a EXPRESO. Ahora que en la Asamblea se anuncia juicios políticos en su contra, el organismo optó la semana pasada por publicar    5 boletines (uno por día), para exponer las acciones tomadas. Los documentos, divididos en 24 páginas, informan el detalle de las irregularidades cometidas por Delcorp, Ecuagran, SMS, Citadel y Decevale, las mismas que derivaron en las 8 denuncias que presentó ante la Fiscalía del Guayas. No obstante, poco o nada se refiere al control preventivo que debió ejecutar.

Según los informes de Supercía, que detallan hechos cronológicos, esas inspecciones, al menos las más contundentes, se dieron después de las irregularidades. Estas habrían iniciado el 7 de agosto de 2020. No por    oficio, sino por una solicitud del propio Isspol    que pedía a la entidad esclarecer los títulos valores que a su favor se mantenían bajo custodia del Decevale. Un hecho que llevó a la Superintendencia, el mismo mes, a poner bajo la lupa,    los detalles de la VI emisión de $ 30 millones en obligaciones que en octubre, casi un año antes, había autorizado con el supuesto fin de que ambas firmas sustituyan pasivos y con ello se pusieran al día en el pago de facturas previamente emitidas. Un proceso que estaría afectado por vacíos de control.

• 1. ECUAGRAN

En este capítulo, la Superintendencia inicia excusándose. “Información contable y operativa facilitada de forma incompleta”, dice, habría impedido seguir la ruta que tuvo el dinero de las emisiones hechas por Ecuagran y Delcorp; no obstante, no explica por qué esa inspección no se hizo antes y qué medidas tomó frente a la ausencia de datos.

El ente de control tampoco aclara los hechos que antecedieron a la cuestionada autorización de la VI emisión. Como ya ha contado antes este Diario,    esa emisión fue permitida pese a que la Superintendencia pudo comprobar en marzo del 2019 que ambas firmas habían estado emitiendo facturas sin sustancia económica, lo que originó una intervención, que fue levantada seis meses después por Carlos Murillo, quien en ese entonces era el intendente Nacional de Mercado de Valores, y sobre quien no se ha iniciado ningún proceso de investigación.

El ente no puntualiza por qué, aun descubriendo que existían inventarios ficticios de productos que llegaron a alterar los balances financieros de ambas empresas, no canceló en su momento al emisor y sus valores de la oferta pública, tal como lo contempla el artículo 17 de la Ley de Mercado de Valores; por qué    al hallar falsedad de información no denunció el hecho a la Fiscalía; por qué no se notificó    al Servicio de Rentas Internas (SRI) para que se investigue posible defraudación tributaria y por qué no se pidió garantías reales y no se verificó con meticulosidad la corrección de estados financieros, previo y después de decidir levantar la intervención.

• 2. DELCORP

En un tercer boletín, la Superintendencia detalla los procedimientos que siguió en contra de esta empresa. El primer informe que expone tiene fecha del 20 de agosto de 2020, casi un año después de que autorizara la VI emisión. En esta se admite que    apenas dos meses después    Delcorp    habría seguido con sus estados financieros alterados, con un sobrerregistro de importaciones, que ponía en duda los saldos reflejados en sus cuentas de inventario. Sin embargo, Supercía no menciona por qué decidió dejar a Delcorp fuera de la intervención. De acuerdo con el criterio de expertos bursátiles, el no intervenir a Delcorp permitió que esta firma continuara emitiendo facturas comerciales negociables, esta vez con Fertisoluble.

• 3. FERTISOLUBLE

Todas las facturas comerciales emitidas por Delcorp en 2020 tuvieron como aceptantes a Fertisoluble, la empresa creada luego de que Ecuagran fuera intervenida. No obstante, la Superintendencia, en su informe, no detalla los controles que debió ejercer sobre esta compañía, pues pese a no tener trayectoria en su actividad económica se le permitió hacer millonarias negociaciones. Con un capital de apenas $ 800    fue constituida el 28 de mayo de 2019, para siete días después (el 7 de junio de 2019) transar $ 32 millones.

Según una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, firmada en noviembre de 2019, a partir de esa fecha solo se admitía a negociación bursátil las facturas cuyo aceptante “tengan una antigüedad no inferior a un año”.

• 4. MOELLER MARTÍNEZ

Delcorp /Ecuagran no son las únicas bajo la    lupa. Al ente    también se la critica por el aparente laxo control que también habría ejercido sobre Casa Moeller Martínez. Esta entidad le debe más de $ 4 millones a Isspol por las facturas comerciales que emitió en enero y agosto de 2019, pese a que desde noviembre de 2018 estaba intervenida y que, según documentación oficial, arrastraba inconvenientes de pago e incumplimientos en la entrega de documentación. Pero la Súper calla sobre este tema.

• 5. DECEVALE

En sus informes, la institución le dedica un capítulo especial al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores    (Decevale), sobre todo para dejar en evidencia cómo esta entidad suscribió contratos de custodia respecto a valores que no estaban inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, como los bonos con pacto de recompra que hoy dejan millonarias pérdidas al Isspol. No obstante, omite especificar cuánto conocía de esta negociación. La ley establece que los depósitos deben reportar mensualmente a la Súper información continua de todas sus operaciones, incluyendo custodios, depósitos y transacciones.

• PARA SABER MÁS

LO DENUNCIADO. La Superintendencia presentó 8 denuncias ante la Fiscalía Provincial del Guayas, cinco de ellas están en etapa de instrucción fiscal.

SIN INVESTIGAR. El ente de control no ha iniciado ningún proceso en contra de Carlos Murillo, quien fue intendente de Mercado de Valores, autor del levantamiento de la intervención de Ecuagran. Él dejó el cargo el año pasado, pero no se dio explicación sobre su salida.