La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) ha fijado el próximo 22 de noviembre como la fecha oficial para que Sucre empiece a pagar los seguros de vida y de desgravamen que mantiene pendientes con miles de beneficiarios que, tras calamidad o por fallecimiento de familiares, deben cubrir haberes por concepto de créditos hipotecarios con entidades financieras públicas, principalmente el Biess.

El proceso de pago fue suspendido el pasado 18 de julio sin previo aviso. Casi cuatro meses después, la Superintendencia reconoció ayer ante EXPRESO que ha existido un retraso en la transferencia de haberes, pero lo atribuyó a una “falta de verificación de acreencias”, un proceso que, señala, no fue cumplido por anteriores administradores de Sucre. Lo que existió, sostiene, fue una recepción de solicitudes, pero no una debida constatación de los pagos que debían hacerse.

José Ibáñez, exliquidador de la aseguradora y quien anunció el inicio de los pagos en julio pasado, no estuvo de acuerdo con la suspensión del proceso, más cuando en lista de espera, según explica, existían beneficiarios (con enfermedades catastróficas) que habían esperado más de un año para el cobro de estos recursos, la mayoría ya con una resolución de pago a favor, emitida por la propia Superintendencia. “De nada servía tener claras al 100 % estas acreencias, era un proceso que debía iniciarse ya”. Hasta julio, dice, en total se debían pagar $ 20 millones aproximadamente, “que pudieron ser cubiertos con los fondos de Sucre ($ 30 millones), pero lo que buscaba la Superintendencia era tener más plata del Cosede, pero si se lo hacía o se lo hace de esa forma, igual esa plata va a salir del mismo bolsillo del Estado”, argumenta Ibáñez, para quien nada justifica la demora.

La Superintendencia admite que parte del atraso también responde a la espera de una resolución de la Junta de Regulación Financiera que permitirá ampliar la cobertura que, en estos casos, ofrece la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede).    El ente de control aún no cita el volumen total de estos pagos ni el total de beneficiarios. Esto, dice, se definirá una vez que se haya culminado con el proceso de verificación de acreencias. “Pero sin duda esperamos tener más recursos de los previstos, porque ahora la Cosede nos está reconociendo $ 1.500 por cada fallecido o afectado, algo que no se hacía antes”. Previo a la resolución, se fijaba un monto determinado, pero por el total de acreencias.

La divulgación de una fecha para iniciar los pagos o transferencias de estos seguros de vida o desgravamen fue recibida con alivio por algunos beneficiarios. No obstante, hay quienes cuestionan que la verificación del proceso siga siendo una excusa para frenar esta liquidación. “Se supone que ya debieron haber hecho esta verificación. Con este cuento me tienen desde hace diez meses”, se queja Daniel, uno de los clientes del Biess, que espera que Sucre pueda cubrir con el seguro de desgravamen las deudas que le deja un préstamo hipotecario adquirido en el 2018. La enfermedad catastrófica que posee le impide trabajar y generar recursos para seguir cancelando el crédito.

Igual criterio tiene Helena Pacheco, quien espera que alguna institución se haga cargo de los $ 20.000 que sus padres dejaron de pagar al Biess tras fallecer de COVID en 2021. “En mi caso no sé qué tienen que revisar para transferir el seguro de desgravamen. Si no, no me hubieran pagado ya el seguro de vida. En febrero que viene se cumplen dos años de espera”, relata.

Según la Superintendencia, los pagos que se iniciarán el próximo 22 de noviembre se efectuarán a través de las oficinas de Quito y Guayaquil, donde se espera despechar hasta 100 casos por día.

• PARA SABER

Verificación de acreencias. Verificar acreencias pasa por el proceso de conocer si el beneficiario cumple con ciertos requisitos, si hizo su reclamo en los tiempos establecidos y por una constatación de valores, según el tipo de siniestro.

Atención al público. Si bien los pagos se inician el 22 de noviembre, estos serán progresivos. La entidad atenderá hasta 100 casos por día, en las dependencias de Guayaquil y Quito.