“El sector de telecomunicación es visto como una vaca lechera”

  Economía

“El sector de telecomunicación es visto como una vaca lechera”

Jorge Cevallos, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, hace un recuento sobre los efectos que deja la crisis en el sector. Desde finales de marzo, la recaudación cayó hasta en un 65 %

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Jorge Cevallos advierte de una inminente iliquidez en el sector y de un riesgo en la provisión del servicioCortesía

Las deficiencias en la conectividad, en días de pandemia, llegaron a convertir a las empresas de telecomunicaciones en blanco de críticas. Cuestionamientos que el sector no ha estado dispuesto a asumir, por el escenario adverso que también les ha tocado enfrentar y que hoy, junto a nuevas reglas, advierte Jorge Cevallos, representante de esta industria, amenaza con la normal provisión del servicio.

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- ¿Cómo han venido sobrellevando esta época de crisis?

- Desde antes de que se declare la emergencia, las empresas de telecomunicaciones comenzaron a colaborar con el Gobierno para garantizar la continuidad de la conectividad en el país. Pero luego tuvimos una resolución de Arcotel en la cual se nos empezó a impedir la suspensión del servicio, y eso nos llamó la atención porque estaban eliminado nuestro derecho, por ley, de cortar la oferta a los clientes que no cumplieran con las obligaciones contractuales. Planteamos alternativas, al menos implementar ciertas medidas para que personas que sí pueden pagar, lo hagan, pero eso no fue aceptado.

LEY DE APOYO HUMANITARIOLas empresas rechazan que en la ley se extienda otros dos meses la prohibición de suspender el servicio, por falta de pago.

- Pero fueron días de emergencia extrema. Es sopesar el efecto de un hogar sin ingresos, frente a multinacionales con un gran músculo económico.

- Sí, siempre está el supuesto de que la casa matriz va a salvar  con recursos desde afuera, pero la situación es mundial. En todos lados estamos teniendo problemas de recaudación, de iliquidez. Acá la recaudación, desde finales de marzo, cayó entre el 50 y 65 %. Y ahora, lo aprobado por la Asamblea (la Ley de Apoyo Humanitario dicta extender la prohibición de suspensión el servicio por dos meses más) genera nuevos riesgos.

- ¿Qué supone esto?

- Lo que se provoca con esto es que el cliente no tenga voluntad de pagar. ¿Qué estamos viendo? Que no pagan un gran porcentaje de clientes que no están en situación de iliquidez. Esto porque están recibiendo un  mensaje erróneo por parte del Gobierno: que durante la pandemia no hace falta que se pague nada. Entonces, en escenarios como este es muy difícil que la casa matriz decida enviar recursos, más aún cuando aquí se han dado políticas totalmente contrarias a los incentivos que sí se han dado en otros países.

- Pero por una prestación que afuera demuestra ser eficiente. Una de las quejas en el país es el mal servicio que hay.

- Eso es algo que también nos preocupa. Por años hemos venido pidiendo al regulador que se  cambie la política estatal que apunta claramente hacia lo recaudatorio, en lugar del fomento y desarrollo del sector. Pagamos más de $ 300 millones en impuestos, para que exista mayor conectividad en el país, pero esos recursos son destinados por el Estado a otras cosas, ni quisiera sabemos a qué. Para mejorar el servicio lo que hay que hacer, efectivamente, es hacer una mayor inversión: poner mayor infraestructura, construir redes más robustas; pero si el dinero que debemos usar para eso se lo manda directo al saco roto del tesoro nacional, es poco lo que podemos hacer. El Estado ha cogido al sector como vaca lechera y no como un aliado estratégico. Ahora mismo existen más de 300 parroquias en el país que están completamente desconectadas.

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- ¿Qué ha pasado con la implementación del 4G? Ese es un beneficio que poco se siente.

- El 4G no existe en todo el país. El plan es que el próximo año podamos tener una cobertura del 80 %, pero ahí tenemos otro gran problema: la normativa local castiga el desarrollo de la infraestructura: mientras más radiobases pongo, más pagos tengo que hacer al Estado. En algunos casos tenemos la ordenanza municipal que emula lo que viene haciendo el Gobierno central por años. Sacar recursos al sector, de la nada.

Si no se ayuda al sector a conservar su liquidez hay un riesgo en la provisión de los servicios. 

- ¿Cómo les afecta esta baja en la recaudación?

- La ruptura de la cadena de pagos provoca problemas serios. ¿Qué empresa puede pasar 210 días sin cobrar? No solo que no recibimos ingresos, sino que seguimos obligados a cancelar los impuestos que generan esos servicios impagos. Si esto sigue, las empresas se verán imposibilitadas de cubrir sus obligaciones con proveedores, empleados y, en el peor de los casos, con los enlaces internacionales. Si no se paga, simplemente el servicio de Internet se corta. Y eso es sumamente grave. 

- ¿Han expresado este malestar al Gobierno?

- Esperamos que el Ministerio nos atienda. Proponemos diferimientos de pago de obligaciones al Estado hasta que esos ingresos entren a las empresas, y que se revise a la baja el reglamento de tarifas, según los parámetros internacionales. Lo que buscamos es el concepto de solidaridad compartida.