Romper con la inercia del estancamiento

Como un atleta que pierde el impulso y se conforma con terminar la carrera, sin importar en qué posición llegue a la meta, el país se ha acostumbrado a cerrar cada año en medio de números rojos y, en el mejor de los casos, con pobres crecimientos, que se traducen en desempleo, mayor pobreza y rezago frente a otros países. Si su ritmo de crecimiento alcanzara apenas el 1,5 % de forma indefinida, podría tardar hasta 102 años para igualar el progreso que hoy tienen otras naciones como Chile.

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Así lo advierte Alberto Acosta, economista y editor de la revista Análisis Semanal, que entre fórmulas y cálculos estadísticos pinta el panorama sombrío que el nuevo Gobierno que gane las elecciones este año deberá revertir en materia económica. Lo contrario es condenar al país a un estancamiento.

Para el cierre de 2024, un año golpeado por la iliquidez que generó la inseguridad, el incremento de tributos y los apagones, el FMI proyectó una contracción del 0,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), que solamente podría rebotar este año entre el 1 % y el 1,5 %, es decir por debajo de lo que crece la población ecuatoriana.

“Pero para salir del estancamiento y del subdesarrollo el país debería estar creciendo a ritmos del 5 % por varias décadas y eso no se está haciendo”, enfatiza Acosta, quien cree que el nuevo presidente debe desafiarse a romper el ciclo de baja expansión, aplicando al menos cinco reformas de fondo:acabar con la tramitología que bloquea la inversión; abrir el mercado de capitales, eliminando el ISD y modernizando la legislación bancaria; actualizar el Código de Trabajo con nuevas reglas flexibles para la contratación; seguir abriendo mercados externos con la ayuda de acuerdos comerciales; además de revisar las normas tributarias para incentivar el arribo de capitales.

“Al final del día son medidas que buscan generar un entorno competitivo para la inversión productiva, la inversión privada, que es lo que hará crecer la economía. Seguimos con enfoques de apagar incendios, de enfrentar emergencias, pero nos olvidamos de temas de fondo, lo que realmente cambia la vida de los ciudadanos”, argumenta.

Ecuador se ha instalado en una peligrosa zona de confort, concuerdan los analistas. Incluso enclaustrado en una burbuja que no le permite aprovechar el entorno y las oportunidades que le rodean.

Alejandro Arreaga, economista para América Latina de Barclays, coincide en que el mayor desafío que hoy tiene el país es reactivar su economía, pero aclara que ningún crecimiento está desvinculado de la inversión y, en ese sentido, considera que Ecuador debe apuntar a reforzar su imagen internacional, para mejorar ciertos indicadores como el riesgo país, que el año pasado cerró en 1.216 puntos, todavía lejos de los 155 y330 puntos que tuvieron Perú y Colombia, respectivamente.

“Desde el punto de vista de los mercados financieros internacionales, garantizar un mínimo de gobernabilidad y despejar un poco la incertidumbre política que ha dominado el país en años recientes es tal vez el punto más importante... Y así mismo, la habilidad que esa nueva administración tenga para llegar a acuerdos con la nueva Asamblea Nacional y estructurar allí una mayoría que tenga capacidad de avanzar en la agenda de reformas económicas que demanda el país, que son esenciales”, dice.

Esto último, sin duda, generará una mejor imagen de estabilidad y confianza para empezar a apostar por el país. Pero desde el Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera añade que para lograr la confianza que los mercados requieren, no hay que olvidarse del tema fiscal. Si bien ese ha sido el foco de anteriores gestiones, aún hay tareas pendientes.

Este año, el déficit fiscal se estima en 5.000 millones de dólares, recursos que deben ser cubiertos no solo con financiamiento interno y externo, sino generando otro tipo de ingresos y reduciendo gastos, por la vía de ajustes en el gasto público.

Optimización del gasto, aún pendiente

“(Poner) Más impuestos en las condiciones actuales, resulta poco viable. Lo que debería hacer el nuevo Gobierno, en el caso de ingresos, es tratar de hacer algo con exenciones tributarias, reducir el subsidio al diésel, que es elevado y no se tiene que mantener. Y luego, por el lado del gasto, reducir el gasto público en el tema salarial. Destinar 10.000 millones de dólares en el pago de salarios en el presupuesto a 490.000 personas no es sostenible”.

Si bien la vía son los despidos, Carrera reconoce su efecto, pero señala que ese sería un mal menor que ayudaría a conseguir el ajuste fiscal que se requiere. “10.000 millones (de dólares) en sueldos representan casi toda la recaudación que hace el SRI por IVA e Impuesto a la Renta. ¿Y cuántos servidores cobran del presupuesto? 490.000 servidores. Estamos hablando del 2,7 % de la población. Es decir, estamos pagando IVA e IR para el 2,7 % de la población. Los despidos generan desempleo, pero por otro lado usted tiene cuatro millones de pobres con 91 dólares al mes, o más de un millón de pobres que viven con 51 dólares al mes”, sostiene.

En la lista de ajustes, añade la necesidad de reformar y eliminar los aportes obligatorios del Estado para la seguridad social del IESS, el seguro de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Al Seguro Social, este año se le pagarán 2.600 millones, pero ese gasto no es sostenible para el país”. De ahí la necesidad de iniciar reformas paralelas al IESS, para lograr que este pueda financiarse solo y no con subsidio estatal.

Con el inicio de un nuevo Gobierno, dicen los analistas, hay que exhortar a la voluntad política para lograr la transformación estructural que se requiere. El país ya no puede ni debe seguir navegando en la improvisación. Peor en la desidia de quienes lo gobiernan.

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