La renuncia de Jorge Villarroel Merino a la dirección del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) traba aún más las posibilidades que la entidad tendría para recuperar las millonarias inversiones que, en margen de la ley, se ejecutaron dentro y fuera del mercado bursátil. Él es quien impulsaba los procesos legales a favor de la entidad; uno de los cuales (Delcorp), acaba de ser ya archivado.

La renuncia de Villarroel al cargo, según conoció este Diario, aún debe ser analizada. Hasta ayer, no hubo ningún pronunciamiento de la entidad, ni del Ministerio de Gobierno al respecto. Tampoco se refirieron a la orden de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón (Guayas), de archivar la demanda que Villarroel interpuso en contra de Delcorp y Fertisolubles (firmas que le adeudan $ 26 millones, por concepto de facturas negociables), así como de Ecuagran, empresa que hasta agosto dejó de cancelarle más de $ 150.000 por obligaciones.

De acuerdo con la resolución, el pasado 16 de octubre la jueza Cynthia Sánchez decidió no dar paso a esta causa, por no “proporcionar al administrador de justicia los elementos suficientes y necesarios para iniciar un procedimiento”. A criterio del abogado Cristóbal Buendía, la medida es legal. “El juez tiene la potestad de pedir (cuando una demanda no cumple con los requisitos) que esta sea aclarada o completada, y aquí no es que se lo hizo mal, sino que no se lo hizo y menos aún el haber solicitado un mayor plazo para cumplir con esta disposición...”. Pero esta resolución, aclara, tampoco significa que la demanda no pueda volver a presentarse. Al respecto, María Paula Romo, ministra de Gobierno, fue consultada, pero no hubo una respuesta. Tampoco se pronunció sobre la renuncia de Villarroel y sobre el curso que los reclamos tomarían, tras su inminente salida.

Tras el archivo, Delcorp, y su relacionadas Ecuagran y Fertisolubles, así como sus principales representantes, Enrique Huerta, Enrique Weisson y Alejandro Palson, alivianarían la presión que hoy existe porque se resuelva el ‘default’ o la mora que vienen registrando en el mercado bursátil.

Ayer este Diario trató de averiguar qué otros procesos legales existen en contra de Delcorp y sus relacionadas, pues en la página de la Función Judicial, gremio que tampoco ha respondido a una solicitud de información, no se registran otro tipo de casos.

Los impagos de Delcorp y sus socias, publicados por EXPRESO el pasado 1 de septiembre, fueron claves. Fue lo que desenredó el ovillo de millonarias inversiones fallidas dentro y fuera del mercado bursátil, y que tiene al Isspol entre sus principales perjudicados. Luego de eso llegó a conocerse que el fondo de la Policía también enfrentaba un enorme hueco financiero por la irregularidad en la negociación de bonos.

Según se anunció, sobre estas firmas también existe una denuncia penal, presentada por la Superintendencia de Compañías, por presunto fraude bursátil, tras el desvío de recursos y supuestos balances falsos. No obstante, ni la Superintendencia ni la propia Fiscalía se han pronunciado sobre el avance de la investigación.

Los $ 26 millones que Delcorp debe son parte de los $ 42,4 millones de facturas comerciales negociables vencidas y no pagadas en el mercado bursátil. El resto corresponde a otros emisores que también han caído en mora en medio de un mercado donde se cuestiona la falta de control de la Superintendencia de Compañías. En ese listado también está Casa Moeller Martínez, que a Isspol le adeuda más de $ 4 millones por las facturas que emitió el año pasado, estando en proceso de intervención, por parte de la Superintendencia, y reportando, según documentación oficial, supuestos inconvenientes de pago e incumplimientos en la entrega de documentación.

• FACTURAS: $ 42 millones sin pagar

Según la Superintendencia, al corte del 13 de octubre 2020, existían $ 42’402.253,06 en facturas comerciales negociables vencidas y no pagadas. De ese monto, el mayor emisor es Delcorp por $ 26’451.294,86 y $ 11’215.949,01 corresponden a otras firmas que reportan negociaciones de acuerdo de diferimiento de pagos, en aplicación de la resolución expedida por la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera.