Ni un dólar. Esa cifra, explica Marco Mero, es la que reflejan las cuentas de La Estación desde que inició la pandemia. El encargado de este establecimiento turístico, ubicado en el cantón Aloasí, en Pichincha, suspira con desgano mientras narra las peripecias económicas que ha dejado la emergencia sanitaria en este poblado de 13.500 habitantes.

“No nos ha entrado ni un centavo. Por aquí, desde que comenzó la cuarentena, no ha venido nadie. Antes, atendíamos hasta a ciento veinte turistas a la semana”, recuerda.

El fin del estado de excepción no lo anima, pues la hostería y el café tenían un ingreso fijo que no volverá aunque se levanten las restricciones de movilidad: el tren.

Rehabilitado en 2010, la ruta del ferrocarril se convirtió en uno de los atractivos turísticos emblemáticos del anterior gobierno. Este ofrecía siete rutas en seis provincias, por valores entre los $ 35 y $ 100 cada recorrido. Sin embargo, el alto costo del pasaje limitó el despegue de la iniciativa, y en los últimos dos años trabajó a pérdida. Finalmente, en mayo, el Gobierno decidió liquidar la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador.

La estación Machachi, parte del recorrido ‘El tren de los volcanes’, era una de las más populares. Este salía de Quito, se detenía en Aloasí y avanzaba hasta la zona de recreación El Boliche, en las faldas del Cotopaxi.

Para Paulina Barros, miembro del Consejo Parroquial de Aloasí, la medida se tomó sin considerar cómo esta afectaría a las localidades que generaron emprendimientos relacionados a la actividad del tren, y sin darle posibilidades para la reactivación turística del sector. “Si bien es cierto que el tren no tenía un movimiento fuerte diario, era uno de los motores de nuestra economía. Recibíamos turistas que venían por el día, e incluso quienes solo llegaban los fines de semana a verlo pasar. Pero movía la economía de las hosterías, de las haciendas, de los restaurantes”, señaló.

En el ‘Tren de la Dulzura’, ruta que salía de Durán y pasaba por Milagro y Naranjito, los emprendimientos relacionados al ferrocarril eran más de sesenta.

Ahí, la estación luce abandonada. No queda nada del restaurante o los puestos de artesanías que se ofrecían semanalmente a las decenas de visitantes que llegaban hasta el lugar.

Lorena Villagrán, de la hacienda Vasija de Barro, describe la noticia como “un duro golpe”. El sitio ofrecía paquetes turísticos a los viajeros, donde estos podían conocer las plantaciones de cacao fino de aroma, aprender sobre las culturas ancestrales de la zona y aprovechar para almorzar.

Esta señaló que la noticia, sumada al cese total de visitantes en el marco de la cuarentena, ha llevado al establecimiento a cambiar su modelo de negocio, pasando del turístico al productivo. Aún ofrecen paquetes, principalmente a familias, pero ya no será su único ingreso.

Pese a ello, se siente afortunada, pues la hacienda aún funciona, a diferencia de la venta de artesanías o productos gastronómicos que lo hacían en relación a la estación del tren. “Ellas fueron las más golpeadas porque prácticamente vivían de las ferias y todas esas actividades están suspendidas por la pandemia”, lamentó.

¿Y qué sucederá con el tren que le costó $ 45’383.849 al país? No se sabe. Tras el anuncio de la liquidación, los vagones y el cuidado de las estaciones pasaron al Ministerio de Turismo. En aquel momento, la titular de la cartera estatal, Rossi Prado, indicó que había “interés privado”, mientras que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, habló de una posible alianza con la empresa PeruRail, que no se ha concretado.

La última gerenta de la empresa, Fabiola Arévalo, anunció la posibilidad de que el tren se transforme de un atractivo turístico a uno de pasajeros y de carga, pero el cambio no tuvo tiempo de concretarse. Pero los moradores de los pequeños cantones en los que se encuentran las estaciones, esperan que esta sea una posibilidad. “Queremos que vuelva a funcionar, y esta vez se maneje bien”, comentó Barros.

Urcuquí pelea por conservar Siembra EP

Con una demanda de inconstitucionalidad y un pedido de audiencia con el presidente Lenín Moreno (que no ha sido respondido), el Municipio de San Miguel de Urcuquí y los trabajadores de la empresa pública Siembra esperan revertir el decreto de liquidación.

 Para la localidad imbabureña, la empresa representaba una fuente de trabajo directa, pues cerca de 400 de sus habitantes laboraban ahí, una cifra que, para la comunidad de 15.000 personas, no es poca. Doris Quimbiamba, presidenta del Frente de Defensa Urcuquí Nuevo Futuro, indicó que el cierre detendría el progreso de la localidad. “Volveríamos a ser el cantón más atrasado de Imbabura”. Señaló que esperan aliarse con la empresa privada para hacer una propuesta al Estado.