Quienes tienen deudas vencidas, hasta en los dos últimos años, con la banca pública y la privada dispondrán de una nueva oportunidad para ponerse al día y evitar que ese impago afecte su historial crediticio. 

La nueva reforma tributaria, que se prepara para su segundo debate en la Asamblea Nacional, otorga un plazo de 120 días para cancelar estos haberes y acogerse al beneficio.

Se trata de una moción que, hasta ahora, deja interrogantes. Aún se desconoce a cuántas personas beneficiaría esta medida. Tampoco se sabe el efecto de su alcance. 

De acuerdo con la Décima Disposición Transitoria de la propuesta de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, las operaciones crediticias vencidas, a la fecha de vigencia de la presente ley, “no podrán ser incluidas en el reporte crediticio, ni consideradas para el cálculo del ‘score’ genérico por parte del Registro o Buró de Información Crediticia que se encuentre en funcionamiento”. 

No obstante, según expertos en banca y finanzas, las autoridades deberían aclarar el detalle de la información que se borraría.  

Es la segunda vez, en menos de quince meses, que este Gobierno propone la misma medida. En agosto del año pasado, la Ley de Fomento Productivo contempló una oportunidad parecida para que más de 300.000 personas se acogieran a este beneficio que busca, según las autoridades, la reinserción bancaria de quienes se han visto marginados en la entrega de crédito por sus malos registros de pago.