Vigilar que los alimentos procesados y las medicinas sean aptos para el consumo humano no es la única tarea de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). La entidad también debe hacer controles en los locales donde se hacen tatuajes y en las tiendas donde se vende cloro sin registro sanitario.

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Los ciudadanos sienten que hay vacíos y que se requiere que se fortalezca el trabajo de la agencia, ya que su director, Daniel Sánchez, reconoció públicamente que su laboratorio opera en un 58 %.

Los líderes de la Asociación de Tatuadores del Guayas indicaron a Diario EXPRESO que hace dos semanas se reunieron con la Arcsa, con la meta de que exista una verdadera bioseguridad para quien solicita que le realicen un tatuaje. “El gremio tiene cuatro meses de ser oficial y en ese tiempo hemos recibido cinco denuncias de clientes que dicen que hay ciertos locales donde no cambian las agujas. Incluso tenemos una queja de que hay un tatuador con VIH que no usa guantes al hacer su trabajo”, indicó el presidente del gremio de tatuadores del Guayas, Kelvin Stuart Torres.

Torres enfatizó que el gremio se ha ofrecido a trabajar con la Arcsa, “porque se vende la idea de que en uno o tres meses una persona puede ser tatuador y no es así. Tengo 11 años como tatuador y considero que aún estoy aprendiendo. Pero aquí lo importante es que los clientes no se expongan a ir a cualquier lugar. Si alguien cobra 10 dólares por hacer un dibujo en la piel, lo más probable es que no cambie las agujas y los guantes. Una aguja cuesta entre 1 y 2 dólares, a ello se debe sumar el precio de la tinta y el servicio como tal”, manifestó.

Según el gremio, ellos en el 2018 hicieron unas estadísticas y en ese año cuantificaron 400 locales, “estimamos que entre un 20 % y un 30 % son profesionales que sí toman en cuenta las medidas de bioseguridad, porque aquí se trabaja sobre la piel y hay sangre; entonces, la norma indica que se requiere de los permisos anuales de Arcsa, que tienen un costo de unos 110 dólares”, precisó Torres.

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Lo que inquieta es que en la base de Arcsa, 160 establecimientos para realizar tatuajes y perforaciones corporales sacaron permiso en el 2023 y el gremio asegura que ahora deben existir más de 400 locales, lo que podría significar que ni la mitad está regularizado y esto es lo que la Asociación busca, además de educar a los clientes para que cuiden de su salud y no se expongan en negocios donde no se sigan las medidas de bioseguridad.

¿Arcsa cuenta con suficiente personal para hacer control? La entidad aseguró que sí. “Durante la ejecución de los controles se realiza la correspondiente trazabilidad para evidenciar el uso de las agujas u otro dispositivo”, indicó la institución.

Una muestra de que se está haciendo la tarea, según Arcsa, es que la Coordinación General Técnica de Vigilancia y Control Posterior hasta el 16 enero de 2024 ha ejecutado el control a 160 establecimientos donde se realizan micropigmentaciones, tatuajes y perforaciones corporales. El resultado es que encontraron 7 cerrados; 5 en proceso de renovación y obtención del permiso de funcionamiento; 115 cumplen con la normativa vigente y 27 incumplen el artículo 130 de la Ley Orgánica de Salud, que indica que para poder funcionar necesitan del permiso de la autoridad sanitaria nacional.

Otro sector donde también se requiere la atención es en la elaboración de cloro y desinfectantes, “los cuales no se pueden hacer en una cocina o un garaje sin los respectivos permisos de la autoridad”, manifestó María Fernanda León, directora de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa y la Asociación Procosméticos, que abarcan las empresas de cosméticos, higiene doméstica y absorbentes.

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León aseguró que un 47 % del cloro que se vende es informal, elaborado en un garaje sin que se pueda asegurar que cumple con la desinfección que se busca, lo que pone en riesgo la salud. Agregó que sobre este tema han conversado con la Arcsa para junto al gremio combatir la informalidad.

Los dos líderes coinciden en que ya es tiempo de que en Ecuador los negocios se acostumbren a cumplir con las normas sanitarias y que paguen impuestos, porque los que se mantienen en la informalidad evitan pagar tributos.

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