Hace pocos días, nuevas normas empezaron a regir sobre las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, los cambios, aún lejos de alcanzar mejoras, vienen generando desde ya el rechazo de comerciantes, industriales y agentes aduaneros que a diario utilizan los puertos y aeropuertos para transferir mercadería.

El Decreto Ejecutivo 1332, firmado el pasado 13 de mayo por Lenín Moreno, a pocos días de dejar su mandato, está ya en vigencia, pero el sector privado dice recién estar ‘desayunándose’ las disposiciones, que, consideran ellos, podrían generar problemas logísticos en los próximos días y seguir agravando la competitividad del país.

El decreto, que reforma el capítulo de Aduanas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, parte por limitar la labor de empresas que funcionan como depósitos temporales. Su labor se verá ahora restringida a proveer espacios de almacenamiento, una disposición que, según explica Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), priva a cerca de 40 depósitos de brindar otros servicios.

“Lo que están diciendo es que un depósito solo podrá hacer las veces de bodega, cuando esto no es así. Hay que recordar que los puertos y aeropuertos también están calificados como depósitos y más allá de ser bodega, dan servicio de logística, transporte y demás”. Si bien todavía no se registran problemas al respecto, ella se pregunta qué pasará cuando se haga cumplir la normativa, que hoy ya es exigible.

Pero no es lo único. Lo que más les preocupa es que estos depósitos están obligados a adoptar, en un año, mecanismos de revisión no inclusiva sobre contenedores. Esto con el fin de que se pueda detectar e impedir el ingreso de comercio ilícito o la salida o ingreso de drogas.

Uquillas dice que están de acuerdo con esto, pero aclara que no es la forma. La medida les exige hacer fuertes inversiones que el sector privado no está en capacidad de costear. “En este momento les están pidiendo a los buenos que hagan inversiones millonarias para controlar a los que actúan mal. Esos recursos los debe poner el propio Estado. Una revisión no inclusiva demanda el uso de rayos X, pero si exiges eso, estás pidiendo no solo que se asuma el costo por máquina, de $ 2 millones mínimo, sino todo lo que demanda su mantenimiento y la infraestructura, porque por la radiación hay una serie de medidas de seguridad que se deberían implementar”.

El pasado miércoles 2 de junio, seis gremios empresariales suscribieron un oficio que fue enviado al presidente de la República, Guillermo Lasso, para pedir la derogación de este decreto. Además de las cámaras de la producción, están las asociaciones que representan a los terminales privados, agentes de aduana y agentes logísticos y de carga.

Estos últimos se unen al reclamo porque no están de acuerdo con otras reformas. Una de ellas está relacionada con la responsabilidad que se transfiere a las empresas consolidadoras respecto al tipo de carga que se traslada, aun cuando esa tarea de control, dicen, debe seguir siendo de las navieras y el importador.

El agente aduanero también deberá acatar cambios en su margen societario. Antes la norma decía que el representante legal de estas empresas debía ser un agente de aduana con persona natural, pero ahora esto se extrapola a los accionistas, pese a que estos no deben ser expertos en la materia.

Otro tema que también se rechaza es que se les prohíba hacer cualquier otra actividad. Siendo un agente de aduana, un gestionador y fiscalizador del despacho de mercadería, la medida buscaría evitar que exista un conflicto de intereses que impida un correcto control. No obstante, Pablo Torres, presidente de la Federación Nacional de Agentes de Aduana, señala que si ese es el objetivo, la disposición debería aplicarse a otros agentes de la cadena.

“¿Por qué solo a nosotros? ¿Por qué no a las navieras que tienen terminales portuarios y otros negocios? Esto es ilegal, porque no regula nuestra actividad como tal, sino la posibilidad de trabajar”, argumenta.

El decreto firmado atribuye estos cambios a la necesidad de cumplir con los acuerdos de facilitación del comercio que el país ha firmado. Uquillas colige que mucho de esto tiene que ver con el reciente convenio con Estados Unidos. No obstante, lamenta que el contenido de esta reforma no haya sido socializado. Si es así, dice, “sería bueno saber qué está pidiendo este país, para ver la mejor forma de cumplirlo, pero sin entorpecer los tiempos de despacho o los flujos financieros de los operadores”.

• SE ESPERA UNA RESPUESTA. 

Los miembros de las cámaras de la producción y demás agentes de este mercado esperan que el nuevo Gobierno acoja su pedido de derogar este decreto, pues no fue socializado y los cambios se dan sin tomar en cuenta la realidad del sector. Seguirán insistiendo, dicen, en una reunión. De no existir respuesta, no se descarta acudir a la Corte Constitucional.