Ministerio de Energía suspende cuatro concesiones de proyectos mineros en Tena
Las autoridades identificaron supuestos incumplimientos de la normativa ambiental
El Ministerio de Energía y Minas, a través de su Coordinación Zonal Norte, ordenó la suspensión inmediata de las actividades mineras en las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, que integran el proyecto minero Tena en la provincia de Napo.
La medida, formalizada mediante resolución, afecta directamente a la compañía TerraEarth Resources S.A., titular de estas concesiones mineras, y se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) levante la suspensión de la Licencia Ambiental correspondiente.
Incumplimientos detectados
La decisión se fundamentó en informes técnicos emitidos por el MAATE, que identificaron supuestas transgresiones por parte de la empresa minera. Entre los principales incumplimientos se encontrarían violaciones a la normativa ambiental y sectorial vigente, el incumplimiento del plan de manejo ambiental previamente aprobado, y la transgresión de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental otorgada.
La resolución se sustenta en los artículos 58, 70 y 79 de la Ley de Minería, que otorgan las facultades necesarias a las autoridades competentes para adoptar este tipo de medidas correctivas cuando se detectan irregularidades en el desarrollo de actividades extractivas.
Medidas correctivas obligatorias
La firma acusada deberá implementar las medidas correctivas impuestas tanto por el MAATE como por el Ministerio de Energía y Minas. Estas medidas incluyen acciones de reparación ambiental establecidas en la Constitución del Ecuador y en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
La empresa tendrá que demostrar el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones ambientales antes de poder reanudar sus operaciones de exploración y explotación en la zona.
Política de control sectorial
Esta suspensión, dice el Ministerio, se hace en el marco de la política gubernamental que busca fortalecer el seguimiento, control y vigilancia de las actividades mineras en el país. El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con el establecimiento de una industria minera responsable que cumpla estrictamente con la legislación vigente.
El objetivo oficial es consolidar un sector minero ambientalmente sostenible y respetuoso con las comunidades de influencia, aplicando medidas disciplinarias cuando las empresas no cumplan con los estándares requeridos.
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