Mientras los constructores se frotan las manos, a quienes observan la economía de manera macro se les multiplican las preocupaciones. La posible inclusión de una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 5 %, para los materiales de construcción, en uno de los dos proyectos de ley económicos urgentes, que anunció el presidente de la República, Daniel Noboa, activó las alarmas en torno a la profundidad y responsabilidad con la que se plantearía la propuesta ante la Asamblea Nacional.

Según Fabián Carrillo, exviceministro de Finanzas, una propuesta que incluya recorte de impuestos en estos momentos es un contrasentido. “Ningún país, con la evidencia empírica disponible, se ha logrado desarrollar sin la condición necesaria de tener una estabilidad macroeconómica y fiscal. El presidente arranca con un Gobierno con un déficit de al menos $ 5.000 millones, que bien podría llegar a $ 7.000 millones, y que fue generado básicamente en el gobierno de Guillermo Lasso. Este contexto es importante que la sociedad lo conozca”.

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Añade que si bien el presidente ha dicho que la propuesta de reducir impuestos (por ahora, para un sector específico) tiene la intención de atraer inversión, generar empleo y dinamizar la economía, eso al final del día deteriora aún más la situación fiscal y la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones. “Tengo algunas interrogantes sobre la viabilidad técnica y económica. Reducir impuestos puede ser políticamente muy popular, pero es una apuesta incierta al crecimiento económico esperado y por ende sobre el empleo. Los efectos reales solo podrían verse en 24 meses. Habrá que tener los informes favorables del Banco Central, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del propio Ministerio de Economía y Finanzas que sustenten una decisión así”.

En eso coincide el analista tributario Napoleón Santamaría, quien considera que el mandatario está mal asesorado. Hay tres aspectos que el Ejecutivo debe ver antes. Uno, que intenciones como reducir la tarifa de IVA a la construcción violan el principio de generalidad. “Obvio que los constructores estarán felices, pero la pregunta es por qué a ellos sí y a los otros no”. Dos, las tarifas diferenciadas se utilizan para crear tributos para aquellos que no tributan, no para disminuir tarifas que están vigentes. Y tres, va a bajar la recaudación. “El exministro Arosemena dejó en la caja $ 167 millones, ni para los chicles. ¿Cómo se va a compensar ese déficit? Cada vez la recaudación es peor. Entonces, la pregunta es cómo se reemplazarán los menores ingresos con una reducción de tarifas. Si el presidente piensa que con eso se va a dinamizar la economía, capaz le acepto la tesis, pero no al siguiente mes. Al menos podremos ver sus resultados en 24 meses. Es lo que en la teoría económica se conoce como lag fiscal”.

Un ejemplo concreto de que la reducción de impuestos no refleja automáticamente una mejora de la inversión y en consecuencia en el empleo es cómo a pesar de la reducción de 15 impuestos durante la gestión del expresidente Guillermo Lasso, no mejoraron las cifras; al contrario, se complicó aún más la caja fiscal. Se recibió menos Inversión Extranjera Directa. Según cifras del Banco Central (BCE), en el primer semestre de 2023 llegó a 106,6 millones de dólares, una caída de 87 % frente a los 811,2 millones que recibió el país en igual período de 2022, constituyendo el nivel más bajo de atracción de capital desde el primer semestre del 2016.

De su parte, en un estudio realizado por el catedrático Santiago García se concluye cómo acciones de reducción de impuestos se relacionan directamente con dificultades para acceder a financiamiento de organismos internacionales. “Una reducción del IVA podría tener efectos casi inmediatos en incrementos de la demanda agregada y sus efectos positivos en la reactivación económica. La contrapartida, en la vida real, es la insostenibilidad fiscal”. Hecho que se vuelve un círculo, como efectivamente lo dice Carrillo. “El Ecuador necesita acceso a financiamiento externo. Tener menores ingresos, desde la perspectiva de los mercados externos y de los bancos de inversión, hace más vulnerable la posición del país y limita el acceso a recursos”.

Por último, Santamaría alerta sobre el desconocimiento en los procesos administrativos. “Me preocupa que se ha anunciado el envío de dos proyectos con el carácter de económico urgente. Es una lectura no muy acertada del presidente. Él dice que, como se necesitan recursos, va a decretar el estado de excepción, lo cual le permite enviar a la Asamblea dos proyectos a la vez. Pero no es así, un estado de excepción se decreta por grave conmoción interna, ya sea por una calamidad, por los efectos de un terremoto, por la invasión de una potencia extranjera. Temo que la Corte Constitucional le vaya a dar de baja y entremos en un escenario de inseguridad jurídica, porque uno de los dos proyectos va a ser declarado inconstitucional. Ese es el tema de fondo inicial”.

• Otras medidas que se requieren

Pablo Guevara, socio de la consultora tributaria Andersen, considera que hay al menos dos reformas que se deben considerar en torno al apoyo a la construcción, más allá de la reducción del IVA.

Debe liberarse el crédito tributario, porque actualmente tiene un plazo máximo de aprovechamiento de compensaciones de cinco años. Esto debería amortizarse en el tiempo. Por ejemplo, una empresa que hace un centro comercial, actualmente paga 12 % y tiene apenas cinco años para recuperar el IVA vía arrendamiento. Eso es perjudicial para la construcción.

Se debe redefinir el monto establecido como concepto de vivienda de interés social. Hoy ese valor es de 80.000 dólares, considerando terreno y construcción. Eso debería subir a 120.000 o 130.000 dólares. La expansión urbanística de Guayaquil no permite encontrar terrenos baratos.

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