Los inversores inmobiliarios del mundo tienen puestos sus ojos en España y, con ello, la preocupación de que este jueves, 27 de abril de 2023, el Congreso dé paso a la nueva Ley de Vivienda, que plantea mayores ventajas para los okupas, aquel movimiento de personas que acostumbran invadir propiedades que no les pertenecen, de forma temporal o permanente. Pues se cree que lejos de ayudar a los necesitados, esta es una norma que, si se aprueba, vulneraría los derechos de propiedad privada de muchos inversores, incluyendo a los ecuatorianos.

La propuesta de ley plantea nuevos requisitos que vuelven engorroso el desalojo de estas personas, pues ahora no solo se exigirá que el denunciante acredite su condición de gran propietario, sino que demuestre que quien ha invadido o no quiere desalojar su bien (en caso de no poder pagar rentas de alquiler) usa la vivienda como domicilio habitual y si este está o no en situación de vulnerabilidad económica.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha salido a defender la reforma porque, según ha dicho, busca proteger a familias vulnerables ante un desahucio. Quienes la apoyan también hablan de que su efecto será menor, pues las nuevas obligaciones están dirigidas a los “grandes tenedores o propietarios”.

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No obstante, eso no tranquiliza a los actores del sector inmobiliario, que temen que esta ley se convierta en un desestímulo de inversión en España, un país que en los últimos años viene siendo considerada la ‘Miami de Europa’, pues no solo se ha convertido en un buen lugar para vivir, sino para rentabilizar capitales.

EXPRESO intentó tener una opinión de la Embajada de España en Ecuador, para conocer los efectos que esta ley podría tener en ciertos empresarios que ven al país iberoamericano como un buen mercado externo para invertir, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Javier Villalba, team manager de Remax en España, una de las mayores empresas corredoras de bienes raíces de Europa, cree que los efectos no deben ser desestimados, pues si bien el perjuicio no será para el inversor normal que tiene una o dos propiedades en España, sí lo será para el mediano o grande que tiene cinco o más bienes, pues es el baremo que se incluye en la nueva propuesta. Villalba, quien tiene su foco de trabajo en el mercado latinoamericano, cree que el mayor efecto podría tenerlo esta región. De las solicitudes de inversión inmobiliaria que Remax recibe por año, al menos el 50 % proviene de países como México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile. Solo en Ecuador, señala, él llega a recibir hasta 1.000 propuestas por mes, de las cuales hasta un 15 % proviene de inversores cuyo perfil encaja en el de “grandes propietarios”. 

El experto advierte que los datos no son descabellados. Hay que tomar en cuenta la ola de migración, tanto de gente como de capitales, en busca de ‘buen puerto’, y España en ese sentido es la principal opción de los latinos, sobre todo para quienes apuntan a obtener la Golden Visa, el beneficio que el Gobierno español entrega a los inversores que realizan adquisiciones sobre los 500.000 euros.

Otros corredores consultados por este Diario prefirieron no verter opiniones sobre el tema, hasta que esta ley no se apruebe y ver su efecto. En el mejor de los casos, dijeron, esta podría archivarse.

Esa es la real expectativa que muchos tienen, pues su contenido es tan “ilógico” que, de llegar a aprobarse, tendría que derogarse en cualquier momento. Sobre todo, cuando haya pasado la coyuntura política en la que ha nacido esta propuesta. Para muchos, esta norma solo busca captar el voto de la clase media baja, a un mes de las próximas elecciones de España.    Además de la falta de sentido, dice Villalba, a la hora de su derogación debería primar también su ilegalidad, pues atenta contra todo derecho. “Contra el derecho constitucional, al de propiedad privada. No tiene sentido y no es justo que el propietario tenga que demostrar que la casa es suya y que el señor que está metido ahí no tiene suficientes rentas para pagar”.

• PARA SABER

La propuesta reforma también la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prohíbe cualquier desahucio en que no se notifiquen la fecha y hora precisas del desalojo.

Redefine el perfil de grandes propietarios: baja de tener 10 a 5 inmuebles urbanos.

El dueño ahora deberá acreditar su condición de gran tenedor y comprobar el nivel de vulnerabilidad del okupa.