Corte Constitucional mide sus pasos en ciertos temas y parece 'saltar' en otros

Las sentencias de la Corte Constitucional han producido, por lo menos desde el 2018, una suerte de amor/odio. Para algunos, ha excedido sus límites al dar paso a temas sensibles como la inscripción de la niña Satya con los apellidos de sus dos madres, el matrimonio civil igualitario o la despenalización del aborto por violación. Mientras que para otros, los magistrados han sido tibios en ciertas decisiones como, por ejemplo sobre el uso del teléfono celular en la segunda vuelta electoral el 13 de abril del 2025.

Las críticas a la Corte

Las críticas hacia la Corte no son nuevas. En junio del 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso pidió a los jueces no rebasar sus facultades y abstenerse de cuestionar el carácter de urgente de los decretos ley que había emitido. Dos meses antes aceptó, aunque inconforme, que admitan el juicio político en su contra. Al final decidió usar la figura de muerte cruzada, para disolver al Legislativo y acabar con su período presidencial.

La abogada Johanna Romero anota que las opiniones sobre el papel de la CC son contradictorias, por lo que hay que mirar de dónde vienen. Ella no considera extralimitadas sus sentencias. Más bien comenta que “en varios temas, pudiendo hacer más, no lo ha hecho”.

¿Ejemplos? Romero menciona la posición de la Corte en torno a la prohibición de tomar fotografías del voto y al respecto de la vicepresidenta Verónica Abad, o a su postura sobre la obligatoriedad del presidente de tomar licencia, o acerca de las restricciones a los estados de excepción. Coincide con quienes aseguran que gracias a sus sentencias se han logrado avances en temas de derechos. No obstante, cree que hay una deuda en lo relacionado con las instituciones de poder.

“La CC es un actor político, no es un juez cualquiera, así que sus decisiones no prescinden de la coyuntura. La Corte ha cuidado su propia estabilidad”.

Los problemas que enfrenta la Corte Constitucional

Para Paúl Córdova, también abogado constitucionalista, la Corte es la institución que goza de mayor respeto y legitimidad. Pero “sí esperábamos que brinde más precisiones en ciertos temas. Ha preferido tener un rol muy reservado y no ser más clara en conflictos políticos suscitados en los últimos años”.

A Córdova le parece que la Corte enfrenta problemas por falta de un presupuesto autónomo. También por no contar con recursos para el concurso de renovación. Opina que hay que trabajar en el funcionamiento de jueces suplentes y en el seguimiento para que se cumplan las sentencias.

“En Colombia, con la figura de magistrados de seguimiento hay jueces que se dedican solo a vigilar que se ponga en marcha lo determinado en las sentencias. No es suficiente con nuestra Secretaría Técnica”, apunta.

¿Y la comisión interinstitucional de seguridad?

Córdova recuerda que el 28 de febrero, al hacer el control de constitucionalidad a los estados de excepción dictados por el presidente Daniel Noboa, se ordenó la conformación de una comisión interinstitucional para afrontar con políticas públicas la violencia y el crimen organizado. “No se ha cumplido esa sentencia. No hizo uso de su capacidad sancionadora”, considera.

En ese tema hubo una discrepancia con el Ejecutivo. Así, la Secretaría Jurídica de la Presidencia dijo que la sentencia era inejecutable. Alegó una “intromisión” en sus funciones, al arrogarse facultades que no le competen”. Resaltó que la CC no dicta política pública.

"No ha sido tajante para frenar al Ejecutivo"

Christian Paula es uno de los abogados detrás de la aprobación del matrimonio civil igualitario, en junio del 2019, en Ecuador. Esa lucha se emprendió desde el año 2013 y la Corte hizo posible que la población LGBTIQ+ pueda acceder a ese reconocimiento social, que ofrece mayor seguridad jurídica que la unión de hecho, por ejemplo.

Por eso, Paula considera que la Corte Constitucional brinda acceso a la justicia a poblaciones históricamente discriminadas en temas que la Asamblea, por ejemplo, no ve como electoralmente rentables. Destaca ese trabajo, pero advierte que en temas más políticos, hace una lectura de la coyuntura frente al poder de turno y la situación de la sociedad, para decidir. “Muchas veces sí ha tenido posturas un poco tibias, no ha sido tajante para frenar o poner límites al Ejecutivo o Legislativo; solo sugiere, exhorta y no bloquea acciones”.

En esa línea, Santiago Machuca, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Central, dice que si bien la Corte ha favorecido a minorías, no ha cumplido con un rol sustancial: “establecer límites al ejercicio del poder, para que se adecúe y cumpla con la norma. Se ha acomodado a lo que han querido los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa”.

Critica que solamente admita el 10 % de causas. En la rendición de cuentas del 2023 se indicó que admitió el 6,4 %. Ocurre lo mismo en Estados Unidos, donde la Corte Suprema recibe al año cerca de 8.000 solicitudes y acepta unas 200, casos emblemáticos para crear jurisprudencia.

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