La Ley de Vivienda, que tiene previsto aprobar mañana el Congreso de España, podría marcar un precedente contra la inversión latinoamericana en ese país. Las ventajas que la norma entrega al movimiento ‘Okupas’, previo a desalojar propiedades que no les pertenecen, podría en un futuro significar un desincentivo para la adquisición de bienes.

En debates como este, no se puede dejar por fuera la importancia de proteger los derechos de los extranjeros que, con sacrificio de años, miran al país iberoamericano como una apuesta de vida. Existen miles de latinos, entre ellos también ecuatorianos, que han decidido destinar capitales para comprar departamentos en Madrid, en algunos casos para conseguir la famosa Golden Visa, el beneficio que creó este mismo país para apoyar a los emprendedores e inversionistas interesados en residir en España.

Pero aprobar esta ley no sería consecuente con la política de apoyo que esa nación naturalmente ha ofrecido a inversionistas y comunidades de migrantes que hoy ya tienen propiedades en ese país. De esta norma no solo preocupa la desprotección de cualquier inversionista sino el hecho de dejar una puerta abierta a un inminente irrespeto a los derechos a la propiedad privada.