La población española y los migrantes tienen expectativa por lo que pasará este jueves 27 de mayo en el Congreso español, pues previsiblemente se aprobará una Ley de Vivienda, que en los últimos días ha sido cuestionada. La norma propone costos de alquiler de casas mucho más económicos y hace que el trámite, para desalojar a quien no ha pagado la renta puntualmente, sea mucho más lento.

La medida que se debate en el país ibérico tiene opiniones encontradas, y halla beneplácito en migrantes ecuatorianos. “Es una ayuda para las personas que están en una situación vulnerable, no solo es para el español sino para el migrante que está sin trabajo o que gana muy poco y no le alcanza para pagar un piso, que en un lugar popular cuesta entre 700 y 800 euros (entre 772 y 882 dólares)”, dice a Diario EXPRESO Vladimir Paspuel Revelo, presidente de la Asociación Rumiñahui, que agrupa a los migrantes ecuatorianos en España.

Según han informado medios internacionales, una enmienda en la ley dificultará a los dueños los trámites para desalojar sus pisos ocupados. “A partir de ahora, el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá certificar si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual”, explicó el diario El Mundo.

Paspuel no está de acuerdo con explicar los cambios bajo ese eje. “El tema se ha vuelto político, porque vienen elecciones”, dice el dirigente quien cree que el cambio pasa por la necesidad de ayudar a los que menos tienen.

Según diario El País, la propuesta además de establecer un tope al alquiler, “también modifica la regulación para declarar una zona tensionada de precios, define a los grandes tenedores y eleva la protección para los desahuciados. Con la nueva regulación, más de la mitad de la población española vive en áreas tensionadas de precios. Los códigos postales que cumplen algunos de los dos requisitos que exige la norma aglutinan un 61 % de los hogares españoles, según los datos de la consultora especializada Atlas Real Estate Analytics”.

Para Paspuel, esta es una manera diferente de explicar una ley con visión social. Agregó que el Gobierno ha prometido habilitar 50.000 viviendas del banco Sared, para alquileres sociales. Sared es una empresa que forma parte del esquema planteado por el Estado español y las autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis mundial de 2008.

Al ofrecimiento de las casas de Sared, se suma la promesa de financiar la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles, reseñó la agencia de noticias EFE.

Durante una comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre asuntos comunitarios, el presidente Pedro Sánchez dijo que esas nuevas casas se financiarán mediante una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros, con cargo a los fondos europeos.

Con base en estos datos es que Paspuel asegura que la Ley de Vivienda tiene varias aristas y que está enfocada en la ayuda social. Explica que son los Municipios los que van a determinar quiénes son las personas consideradas vulnerables que se podrán beneficiar de este plan. En el caso de los migrantes, deben estar registrados en el ayuntamiento.

Otros puntos de la ley, según la publicación de El País, es que el inquilino no tiene que pagar a la inmobiliaria la gestión de búsqueda de arrendatarios, eso ahora tendrá que pagarlo el propietario.

Según El Mundo, la normativa también beneficiará a los okupas, que habitan un inmueble sin el consentimiento de su dueño, porque al igual que el inquilino que está atrasado en el pago de la renta, el proceso para expulsarlos se dificulta y se ralentiza.

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