Tras cuatro meses de trabajo, la tarea de intervención que realizan las autoridades para aclarar las operaciones fallidas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) arroja sus primeros resultados. El más concluyente: el confirmar que el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) sí “conoció” y “participó” en las transacciones irregulares que hoy generan un vacío de cerca de $ 800 millones en las cuentas del gremio policial, aún sin indicios de recuperar.

“El Decevale y sus funcionarios, en su momento, recibieron los flujos y facilitaron que salgan del país, conocieron a qué cuentas fueron, incluso se pagaron las salidas de capital de ese dinero que fue al exterior. Por lo tanto, esto aclara que no es cierto lo que dijeron en su momento: que esto fue solo una operación a sus espaldas, manejada por el señor Álvarez y el señor Chérrez”. La declaración la dio la tarde del miércoles pasado el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño a EXPRRESO, tras difundir parte del alcance de este documento que, dijo, por recomendación de la interventora, ha sido sometido a judicialización en la Fiscalía de Guayaquil, “porque de ahí se desprenden hechos más claros que podrían determinar un delito”.

El documento es reservado, por ello Pazmiño no se animó a mencionar responsables. “Fiscalía en los próximos días llamará a comparecer a todas estas personas... presidente, gerentes, cuyos nombres antes ya han sido citados, y que ahora por limitación legal no podemos mencionar”, detalló Pazmiño, quien ese día en Guayaquil mantuvo una reunión con el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, para solicitar que, como ente de control, extienda un pedido de información a su par de Panamá sobre las empresas IBCorp y HYBF, ambas vinculadas al supuesto desfalco en las operaciones swap y bonos adquiridos por Isspol entre 2015 y 2016. Ambas firmas están bajo la representación de Jorge Chérrez, quien el pasado 28 de diciembre, según Pazmiño, debió desembolsar $ 20 millones a favor del Seguro de la Policía como parte del pago de la operación swap, “pero no lo hizo”, generando así otro elemento de irregularidad.

Este Diario intentó hablar con las actuales autoridades del Decevale, pero hasta la tarde de ayer no hubo respuesta. Este ente privado, encargado de custodiar los títulos valores que se transan en el mercado bursátil, fue sometido a una intervención en septiembre del año pasado por parte de la Superintendencia. En su momento se le endilgó una defraudación bursátil, una acusación que incluso llevó a la exministra de Gobierno María Paula Romo a solicitar su liquidación, un pedido que debió resolver la Superintendencia, pero que no trascendió.

Pazmiño tampoco quiso referirse a la responsabilidad que en el caso Isspol pudieron haber tenido otros actores, incluso la misma Superintendencia de Compañías, cuyos informes y resoluciones develan la débil inspección que habría ejercido sobre otras firmas (como Delcorp, Ecuagran, Casa Moeller Martínez) que, arrastrando problemas y estando intervenidas, fueron autorizadas a emitir millonarias facturas que hoy también afectan las inversiones del Isspol.

El funcionario recordó que por el tema, ya existe una persona que fue separada por la institución (refiriéndose a Carlos Murillo, exintendente de Valores), y que el propio ente y la Fiscalía son los que deberán establecer si existen más responsables en este caso.

• EL ESCENARIO

INTERVENCIÓN. El 18 de septiembre del año pasado, el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) fue intervenido y demandado por abuso de confianza por parte de la Superintendencia de Compañías.

LOS ACUSADOS. Las autoridades del Decevale culpan a Luis Álvarez, exgerente operativo, por autorizar operaciones a nombre de la entidad. Él fue separado en noviembre del Decevale, pero según registros salió del país en septiembre, rumbo a Estados Unidos.

INVESTIGACIÓN. Después de más de cuatro meses de investigación, aún no se ha fijado la ruta ilegal del dinero deL Isspol. Tampoco hay sentenciados ni presos en esta estafa millonaria. La Fiscalía es la que debe establecer a los reales responsables.