Un incremento de decomisos de mercaderías irregulares (un 71 % más, solo el año pasado) acorrala al sector productivo. El ingreso de productos que no pagan impuestos, dicen sus representantes, les está generando una competencia desleal que les merma participación en un mercado donde los controles están demostrando ser frágiles y poco efectivos.

La problemática, si bien es histórica, se ha venido agravando en el último año. Así lo evidencian estudios y las propias cifras del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), que señalan que el año pasado solamente los decomisos por contrabando abierto alcanzaron los $ 60 millones, un aumento que la entidad registra, pero sin explicar sus causas. Este Diario ha pedido entrevistas al servicio aduanero para ahondar en los detalles del problema, pero hasta ayer no hubo una respuesta.

“Que el contrabando esté aumentando, ya no es extraño”, reconoce Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), uno de los rubros más golpeados por el comercio ilícito. Para él, la situación seguirá agudizándose mientras no exista una real determinación para resolver este tema que, a su criterio, se agudizó a raíz de la pandemia, “con la participación de mayores mafias que agravan la informalidad”.

Según AITE, hoy en día el  60 % de las telas y el 40 % de las prendas de vestir que se comercializan en el país están ingresando de forma ilegal. A este grupo se une también el sector tabacalero, que en estas últimas semanas ha venido denunciando que, en el caso de ellos, esa incidencia alcanza un 79 %.

Los agricultores también tienen sus quejas al respecto. Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura de la II Zona, señala que la crisis de precios que hoy vive el sector arrocero se debe, en parte, a los ingresos ilegales de arroz peruano que, según él, ya en suelo ecuatoriano llegan a tener la venia de las propias autoridades.

“En el sur se ha autorizado la apertura de 11 o 12 piladoras. Permiten el ingreso y cuando ya está adentro va a esas piladoras, donde prácticamente se lo nacionaliza, pero sigue siendo ilegal porque la importación está prohibida”, explica el dirigente.

El Ministerio de Agricultura, si bien ayer accedió a dar una entrevista con el viceministro Hernán Mendoza, esta no logró concretarse. Desde el Ministerio de Industrias y de Producción, en cambio, no se atendió el pedido de este Diario, con el argumento de que los controles en este tema solo son competencia de Senae.

Díaz menciona haber tenido reuniones con las autoridades de este último ministerio, para trazar soluciones que ayuden a contrarrestar la competencia desleal que se está creando en el mercado. “Este problema no nace con el actual Gobierno, que tiene pocos meses de gestión. Es un problema estructural con mafias que están enquistadas entre las autoridades de control”, sostiene.

No obstante, dice que están a la espera de que la nueva gestión actúe. “La decisión política debe empezar por ahí y eso es lo que estamos esperando de las autoridades. Requerimos un plan para lograrlo con metas claras a corto y largo plazo”, señala Díaz, quien cree que el gran reto no solo está en reforzar las inspecciones en fronteras, sino frenar el contrabando técnico, aquel que se da vía defraudación aduanera, con declaraciones subvaloradas en el arribo de mercadería.

Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, confía en las próximas políticas del Senae. Las nuevas autoridades, dice, están conscientes del problema. No obstante, hace hincapié en la necesidad de mejorar la forma en que se ejecutan las ideas. Muchas acciones, dice, no siempre llegan a implementarse con éxito, por la inoperancia de los mandos medios.

A esta Cámara le preocupa el cada vez mayor número de sectores afectados. En esta lista también están los rubros metalmecánico, de alimentos y de limpieza. “Lo vemos en las calles. Ahora nos venden cualquier paño húmedo, desmaquillantes, sin que tengan los debidos permisos sanitarios”.

Esto no solo pone en riesgo la salud de la población, advierte, sino también la caja fiscal. Estudios señalan que no controlar el ingreso ilegal de productos le cuesta al Estado hasta 2.000 millones de dólares al año.