El año pasado, la vulnerabilidad de las fronteras no solo se evidenció con la frágil contención para evitar que el coronavirus ingrese al país, sino con la evidente fuerza que cobró el comercio ilícito, con aprehensiones que, al cerrar el año, llegaron a alcanzar los $ 60 millones, un 71 % más de lo registrado en el 2019 o el doble de lo que Ecuador usualmente decomisaba una década atrás.

A ese monto, según explica el propio Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), se debe sumar los $ 35,9 millones en declaraciones aduaneras fraudulentas y que a última hora se logró reliquidar, pues aunque la pandemia en sus meses críticos obligó la suspensión temporal de algunos servicios, el sistema de control aduanero y la recaudación, recalca la entidad, no se vieron afectados.

El principal problema estuvo en los 48 pasos ilegales en la frontera norte con Colombia, y 47 pasos ilegales en la frontera sur, con Perú, por donde ingresaron de forma irregular más mercadería de la que comúnmente se registra. Como otros años, los textiles han vuelto a tener el primer lugar, luego de obtener un 24 % de participación del monto total de decomisos. El tabaco, por su parte, fue segundo con un 17 %, seguido por productos electrónicos y sus partes, con un 13 % y la medicina e insumos, con un 11 %. El resto de aprehensiones se concentraron en artículos de bazar, llantas, artefactos eléctricos, entre otros.

Tener ese vergonzoso primer lugar en el ranking es lo que, en parte, explica la crisis que hoy vive la industria textil, la más golpeada en época de pandemia, si se mira solo el sector manufacturero, dice Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textileros de Ecuador (AITE). El contrabando, explica, vino a acelerar las pérdidas que la crisis sanitaria dejó al sector. En el 2020 las ventas sumaron $970 millones, un 40 % menos. “En los últimos 14 meses hemos vivido una pandemia sanitaria, pero nuestra pandemia eterna y que no tiene vacuna hasta hoy es el comercio ilícito”, asegura Díaz tras explicar que la presencia de un mayor monto de productos ilegales no tiene otro efecto que restar participación a la industria dentro del mercado y que con ello se pierdan negocios y empleos. Solo el año pasado, este sector sumó 40.000 plazas menos.

Las cifras de Aduana, dice, son apenas una referencia, porque es complicado medir las pérdidas reales. Esto por las distintas modalidades que se usan para ingresar la mercadería: desde el paso por frontera, hasta el famoso maleteo (lo que pasa por aeropuertos) y los cada vez más comunes paquetes que se arrojan a mar abierto. “Las proyecciones que realizan las Aduanas en general máximo llegan a representar entre un 10 y 15 % del problema total. Si se aplica esto y se hace una regla de tres, estamos hablando de que en textiles puede llegar a representar 150 millones al año en un mercado que mueve menos de 1.000 millones”, dice Díaz.

Si se piensa en el impacto fiscal, las cifras pueden ser mayores, dice el exasambleísta Héctor Muñoz, quien cita estudios que estiman que el efecto del comercio ilegal para el Estado podría alcanzar hasta los $ 2.000 millones al año. El peso del problema fue uno de los motivantes para que Muñoz propusiera en la anterior legislatura la Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos legales  para Reforzar la Prevención y el Comercio Ilícito. Esta fue ya aprobada el pasado 4 de mayo.

No obstante, el reglamento deberá seguir perfeccionándose por la actual Asamblea Nacional, pues el presidente Guillermo Lasso el viernes pasado objetó 26 de sus artículos.

La problemática

• Modalidades: El comercio ilícito se filtra en el país bajo distintas modalidades, entre ellas por 95 pasos ilegales en fronteras, la defraudación aduanera o el conocido maleteo (en aeropuertos).
• El blanco: Entre los principales productos que se ingresan están los textiles (24 %), los cigarrillos (17 %), oferta electrónica y sus partes (13 %), medicina e insumos (11 %).
• Incidencias: Los cigarrillos, textiles y electrónicos tienen una mayor incidencia en decomisos en la frontera norte, mientras que productos agrícolas, calzado, cerámica, en la frontera sur.
• Gestión. La Aduana lleva a cabo operativos de control en los que, en frontera, incluso intervienen las FF. AA. No obstante, las acciones son insuficientes.

El Ejecutivo objeta la creación de un comité y el tipo de penas

La propuesta de ley que busca combatir el contrabando y que fue aprobada por la anterior Asamblea impulsaba como principal cambio la creación de un comité interinstitucional presidido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el cual tenía que delinear un reglamento para combatir el comercio ilícito, la defraudación aduanera y los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos.

No obstante, esa propuesta está dentro de los 26 artículos que decidió vetar el actual Gobierno, tras creer que este comité generaría una mayor instancia burocrática, duplicaría funciones que ya existe y demandaría más recursos al Estado.

La propuesta de ley, por otra parte, busca sancionar el contrabando fraccionado, aquel que incluye mecanismo para introducir al país mercadería por tramos, para burlar el control. También busca elevar a prisión la sanción contra delitos que atenten contra la propiedad intelectual. El Ejecutivo dice estar de acuerdo con robustecer las penas a las infracciones, no obstante, otras de sus objeciones tiene que ver con la necesidad de ajustar la norma a “los principios rectores del sistema penal”... considerando siempre los principios de mínima intervención penal y de proporcionalidad entre pena e incumplimiento”.