Los inventarios se agotan y la presión crece en la industria de balanceados. La demora de las autoridades por verificar el stock de maíz que existe en el mercado nacional, como paso previo para aprobar o rechazar una importación del grano, mantiene en incertidumbre a este sector, que advierte con no tener materia prima para sostener la producción de alimento de aves y cerdos para marzo y abril próximo.

Los meses que aún faltan para que eso suceda, dice Antonio Saab, gerente de Liris, quedan cortos si se toma en cuenta la demora que está teniendo el Ministerio de Agricultura en darles una respuesta y, si a ello se suma la anticipación de compra (de 3 meses y más) que está obligando la actual crisis naviera, caracterizada por una menor disponibilidad de barcos. En su caso, dice, requiere hasta 8.000 toneladas que ahora mismo deberían estar tramitándose.

“Si esperamos hasta diciembre para solucionar esto, no conseguiremos barco sino hasta febrero y eso no viene de inmediato porque el barco se demora un mes, desde Argentina, que es de donde se piensa traer el grano. El sector público no entiende los tiempos”, coincide Jorge Josse, director de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal).

Josse tira números para explicar el tema. Tomando en cuenta las cifras que tiene su sector, puntualiza que en el mercado, ahora mismo, estarían a la disposición 100.000 toneladas, pero que apenas cubrirían un mes de necesidades. Eso, junto a los propios inventarios que tiene la industria, les alcanzaría para llegar hasta mediados de febrero. Si no se corrige esto, “la escasez la sentiríamos con fuerza en marzo y abril. ¿Cuánto faltaría? Cerca de 200.000 toneladas, 100.000 por cada mes”.

Este Diario solicitó al Ministerio de Agricultura una entrevista el pasado 15 de noviembre para aclarar este escenario y conocer las causas de las demoras. No obstante, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. A inicios de noviembre la Subsecretaría de Comercialización de esta cartera, en ese entonces encabezada por César Herrera, autorizó la importación de 120.000 toneladas, pero eso no se dio. El asambleísta de la provincia de Los Ríos, Eduardo Mendoza (BAN), pidió a la Comisión de Soberanía Alimentaria del Legislativo que exhortara al ministro de Agricultura, Pedro Álava, a suspender el trámite, ya que este se habría hecho al margen de la norma que obliga a identificar primero el inventario que existe en el mercado, esto con el fin de no afectar a la producción nacional.

Herrera defiende su decisión. Actuó, dice, motivado por varias razones. La primera fue recuperar los niveles de reserva que habían bajado por un retraso en el arribo de la carga de 18 días, como efecto de la crisis de suministros que existe a nivel global. “Fue por un principio de soberanía alimentaria. Esos retrasos ya empezaban a dejar un hueco que había que cubrir en una industria que no se puede quedar sin inventarios”, explica. Herrera, quien tras dejar el Ministerio volvió a presidir la Federación Nacional de Maiceros (Fenamaíz), sostiene que la medida también fue necesaria al conocerse los bajos niveles de stock y las las bajas temperaturas que hay en el campo, que podrían retrasar la cosecha de abril, mes en el que la producción nacional volvería a atender la demanda.

Hasta ayer, en el sector hubo incertidumbre por una inminente decisión. Una expectativa que, esperan, no se alergue, pues eso no solo significa acrecentar el riesgo de quedar sin materia prima para seguir produciendo, sino seguir beneficiando a los intermediarios, que “con reservas represadas localmente “ siguen fomentando una especulación de precios. El valor oficial del quintal es $14,60, pero en el mercado la presunta escasez ha hecho quu este se vende en hasta en $ 21, un precio que, en estas mismas condiciones, podría llegar a escalar hasta los $ 25 en enero, se advierte.

Adquirir este insumo a alto costo no es rentable para la industria. Hoy en día, el maíz nacional, dicen los industriales, ya es un 35 % más caro que el internacional, lo que les genera un sobrecosto de hasta $ 140 millones anuales. Un alto precio que, según afirma Diana Espín, presidenta de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), afecta en gran medida a los pequeños productores, y que termina fomentando aún más el contrabando del grano.

”Si no hay opción, la compra debe ser limitada”

Desde la Corporación Nacional de Maiceros (Corpmaíz) siguen de cerca la discusión del tema. Su presidente, Henry Peña, sostiene que ellos están a la expectativa de los volúmenes de stock que el Gobierno defina para ver si se da paso a la importación que, si se concreta, aclara, esta no debe aprobarse en grandes cantidades. El dirigente lanza números y calcula que con las 130.000 toneladas que se esperan cosechar hasta enero y las 60.000 que poseen los intermediarios, el sector tiene para abastecerse del grano y cubrir su producción hasta febrero. “Si no hay opción, la compra debe ser limitada. Estimo que la industria apenas necesita 60.000 toneladas, no más. Ellos quieren traer más para en abril (que empieza la próxima cosecha) no comprar y bajar los precios. Algo difícil porque el maíz en el 2022 va a seguir alto en el mundo”. Admite la especulación de precios que actualmente existe, pero asegura que ese es un fenómeno que ha originado la propia industria por no comprar a tiempo.