El Gobierno hurga en sus bolsillos para poder cerrar el año. La falta de liquidez ha llevado a las autoridades a forzar la recaudación adelantada de recursos del año que viene. En ese contexto, el Gobierno anunció el lunes que 1.188 grandes contribuyentes pagarán de manera anticipada el Impuesto a la Renta. La medida busca dejar $ 280 millones para programas en las áreas de salud y educación y para “sostener la dolarización”.

Pero no es la única propuesta que sobrevuela el debate de la política económica para conseguir dinero. Como en otras naciones, se analiza un impuesto a los ricos ante una falta de recursos y una crisis catalogada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Banco Mundial como la peor desde la Gran Depresión del siglo pasado o la Segunda Guerra Mundial.

La semana pasada, 83 ultrarricos (que tienen una fortuna de más de $ 30 millones) de distintos países firmaron una carta en la que piden a sus gobiernos que les suban los impuestos para contribuir a los programas destinados a reactivar la economía tras la pandemia de COVID-19.

Aunque Ecuador mira a la iniciativa de otros Estados, el aterrizaje de la idea se topa con dificultades intrínsecas a la economía local con las que no lidian otras naciones.

En países como Estados Unidos o Inglaterra se discute ese impuesto, así como en Chile, un grupo de parlamentarios ha solicitado al Gobierno impulsar la aplicación de un impuesto transitorio al patrimonio bruto de los más ricos del país con el objeto de financiar parte de las medidas económicas y sociales.

A nivel local, el debate lo encabeza Manuel González, uno de los consejeros económicos del Gobierno. Ante la compleja situación que atraviesan las finanzas públicas, el economista que saltó de la academia a la Reserva Federal estadounidense, plantea una contribución, por una sola vez, de los patrimonios personales más altos. “Hay una razón de eficiencia económica por la cual este tipo de impuestos, en este momento, es menos perjudicial para la economía (...) Al quitarle una parte del ingreso a las personas más ricas, su demanda no se va a reducir tanto, perjudicando a la economía, como puede suceder si uno le impone impuestos a las personas no tan ricas”, explicó González.

Pero Guillermo Avellán, director del tanque de pensamiento Ecuador Libre, disiente de la propuesta de González. Para el analista, ante la situación fiscal apremiante, lo ideal sería implementar un impuesto a los altos ingresos y no a los altos patrimonios. ¿La razón? Un alto patrimonio no es sinónimo de liquidez y detrás puede, incluso, haber grandes deudas, aseguró Avellán. Otra vía más apropiada, dijo el economista, sería incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El exministro Mauricio Pozo va más allá al descartar la idea. Un impuesto de esta naturaleza, analiza, no es oportuno en momentos de contracción de la actividad económica. Propone que los esfuerzos se enfoquen más bien en reducir los gastos del Estado y conseguir financiamiento para dar respuesta una necesidad de recursos que todos reconocen.

El consejero gubernamental hace los cálculos. Si el Gobierno, dijo el economista, consiguiera con éxito todo el financiamiento previsto como el nuevo acuerdo con el FMI y el crédito previsto con China ($ 2.400 millones), aún le faltará cubrir una brecha cercana a los $2.500 millones para terminar el año, lo cual puede agravar aún más los atrasos en salarios o pagos a entidades públicas y proveedores del Estado.

El Gobierno ya intentó implementar una contribución especial de empresas y trabajadores para afrontar la emergencia sanitaria en la Ley de Apoyo Humanitario. Pero el presidente, Lenín Moreno, retiró la propuesta ante el bloqueo político y la falta de apoyos para permitir que el resto del proyecto de ley pudiera ser aprobado. Se intentó que la base de contribuciones sea para empleados que ganen sueldos más altos o empresas que tengan cuentas en paraísos fiscales, pero ninguno de los planteamientos prosperó.

De acuerdo al estudio ‘Impuestos a la riqueza o al patrimonio de las personas físicas’, realizado en 2018, en Ecuador se podría recaudar cerca de $ 1.000 millones. No obstante, de 13 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que han implementado el impuesto a los ricos en la década de 1990, solo lo mantienen España, Noruega y algunas partes de Suiza. Una de las razones del poco éxito del impuesto fue la ineficacia a la hora de recaudar.