Una cifra que sobrepasa todos los pronósticos. Ayer, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que llegó a un nuevo acuerdo con Ecuador que incluye financiamiento por $ 6.500 millones durante 27 meses.

El acuerdo se trata de un Servicio Ampliado (SAF), similar al suscrito por el país el año pasado y que fue cancelado en mayo de 2020. Tendrá dos pilares: proteger la vida y los medios de vida de la población y restaurar la estabilidad macroeconómica.

El cambio de Gobierno en 2021 ponía dudas sobre el objetivo de conseguir un programa amplio con el organismo. La posibilidad de que un nuevo régimen rompa lo pactado hacía pensar que el Fondo no estaría dispuesto a abrir su billetera por completo.

Inmediatamente, tras la noticia del acuerdo con el organismo multilateral, el Gobierno ecuatoriano anunció que este lunes 31 de agosto será la fecha para canjear los bonos soberanos con los acreedores, trámite que sella la renegociación de la deuda. El acuerdo era un requisito indispensable para culminar el trato con los bonistas, cuya fecha límite es el 1 de septiembre.

¿Qué medidas deberán tomar las autoridades ecuatorianas para cumplir el programa con el organismo? Este año el Gobierno no deberá realizar ninguna acción, de acuerdo con el comunicado del FMI.

No obstante, desde el próximo año, las autoridades deberán implementar medidas para cumplir con el programa. Sin embargo, no se especifican fechas, por lo que no se sabe qué Gobierno, el actual o el nuevo, deberá iniciar el ajuste.

En 2021 el Gobierno ecuatoriano tendrá que reducir el gasto relacionado con la crisis e implementar un paquete de reformas fiscales que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público, mientras se continúa expandiendo la cobertura de la protección social.

Según Cordes y varias fuentes consultadas por EXPRESO, solo en este año el Gobierno recibiría $ 4.000 millones en desembolsos del organismo: $ 2.000 millones tras su aprobación final por parte del Directorio del FMI, a finales de septiembre o inicios de octubre, y $ 2.000 millones másen diciembre. La financiación inicial busca ayudar a amortiguar la recesión y protegerá los saldos fiscales de nuevas tensiones. El resto ($ 2.500 millones) se transferirá el próximo año.

“El programa respaldado por el Fondo también fortalecería el régimen de dolarización y buscará proteger el poder adquisitivo de todas las familias ecuatorianas y garantizar un acceso adecuado al crédito. Con este fin, las reformas incluyen el fortalecimiento de las bases institucionales del Banco Central y la mejora de la supervisión del sector financiero”, manifestó Ceyda Oner, jefa de la Misión del FMI para Ecuador, en un comunicado del organismo.

“Se estima que la economía se contraiga en un 11 % en 2020, y muchos ecuatorianos están cayendo en la pobreza”, añadió Oner.

Los $ 6.500 millones superan a los $ 4.200 millones del programa suscrito en 2019 con el FMI. Además, la puerta está abierta para más financiamiento de otros organismos multilaterales.