El retiro de ciertos beneficios tributarios que promulga la nueva Ley de Desarrollo Económico cambia también las reglas de juego en el campo de la inversión. Las exoneraciones de ciertos impuestos que antes se aplicaban a los nuevos capitales que arribaban al país han quedado eliminadas o han sido reemplazadas por condiciones menos preferenciales.

Esas reformas están relacionadas al pago del impuesto a la renta (IR), explica Marcelo Bodero, socio de Bodero & Asociados, una firma jurídica que en el país brinda asesoría en temas de inversión.

Si bien la Ley de Fomento Productivo ofrecía a sectores priorizados una exención total en el pago de este tributo por un periodo de entre 8 y 20 años, hoy ese beneficio ha sido reemplazado por una tarifa preferencial que va del 3 al 5 %. El beneficio llega a cero si se habla de la inversión que hacen las empresas preexistentes, es decir los negocios que llevan años operando y que por inyectar en el mercado nuevos capitales recibían una tarifa proporcional.

Para Bodero estas reformas sorprenden, pues sus detalles han venido a conocerse apenas unas semanas después de que Ecuador organizara el Open For Business, una de sus mayores convocatorias empresariales como estrategia para atraer nuevas divisas al país.

Esto, señala el experto, no está en concordancia con lo que se busca porque “definitivamente desestimulará las nuevas inversiones. Eran ventajas que para el inversor de alguna forma compensaban el hecho de venir a un país caro, que tiene el dólar, que si bien le da estabilidad, también hace que tenga costos altos relacionados a la renta, el IVA, el ISD, costos laborales”.

Pero lo del IR, acota, no es lo único. Igual eliminación se hace con la exoneración del 5 % del impuesto a la salida de divisas (ISD) que antes se aplicaba a la compra de materias primas y bienes de capital que hacían las empresas.

No obstante, lo que en el mercado se percibe como un error, desde el Gobierno prefieren verlo como estrategia. El ministro de Economía, Simón Cueva, sostiene que este cambio busca simplificar procesos. Estas exenciones que se daban, dice, no se aplicaban de forma en general, sino que estaban muy alineadas a ciertos sectores puntuales o zonas geográficas específicas “y eso se prestaba para competencia desleal entre unas u otras empresas. Lo que se quiere crear es un régimen que favorece a inversiones nuevas, pero de manera transversal”, argumenta el secretario de Estado. No obstante, están conscientes de que aún son necesarios nuevos ajustes. Por eso, añadió, en enero enviarán a la Asamblea Nacional una nueva Ley de Inversiones que planteará incentivos adicionales.

El anuncio crea nuevas expectativas, pues lo que se espera es que el Gobierno pueda contrarrestar las alternativas eliminadas que, a criterio de Bodero, no solo desestimulan la inversión en el sector privado, sino la reactivación en el sector público.

“La nueva ley no le da ningún tipo de ventaja a las alianzas estratégicas. Si usted venía al país como inversionista privado para operar en conjunto un servicio público o una infraestructura pública, podía aplicar a los beneficios de la Ley de Fomento Productivo; ahora ya no”.

Aún está por verse si las nuevas reformas que se anuncian beneficiarán también a los emprendedores, pues este sector también quedó sin ayudas específicas tras eliminarse el sistema de tributación de las microempresas, observa Jorge Uribe, especialista tributario de Falconí Puig Abogados.

No obstante, el especialista acota que, en tema de estrategia, las exoneraciones deben ser vistas apenas como un complemento. Para que más empresas se animen a llegar al país, se requiere trabajar en un esquema integral. “El sistema tributario de un país solo es atractivo cuando su ecosistema funciona adecuadamente, si me permiten suscribir convenios de inversión y someterlo a arbitraje nacional e internacional, si me dan seguridad jurídica, la institucionalidad que necesito. Pueden darme todas las exoneraciones que quieran, pero si no me garantizan lo otro, no voy a invertir porque el riesgo es demasiado alto”, asegura.

REFORMAS

Las APP siguen con ventajas

La nueva ley conserva el mecanismo de incentivos de las Alianzas Público-Privadas (APP), pero sí aplican nuevas reformas. La norma dispone la creación de una secretaría, que estará a cargo de Roberto Salas, con el fin de hallar inversionistas para un listado de proyectos estatales cuya ejecución demandaría al menos $ 30.000 millones.

La creación de este organismo es visto como algo positivo por los expertos, pues esta secretaría tendrá la responsabilidad de encaminar los procesos de APP. No obstante, acá también se observa una debilidad: la poca capacidad de ejecución que por sí tendrá esta nueva secretaría.

Marcelo Bodero, experto de inversiones, advierte de procesos engorrosos. “Lo que vemos acá es que el nuevo secretario tendría que hablar con cuantas entidades delegantes de proyectos existan, ministerio, subsecretarias, gobiernos locales, lo que convierte esto en un accionar muy complejo”.

Para él, esta instancia debería tener la facultad directa de poder elegir los procesos para las adjudicaciones.