Hoy se cumple una semana del estado de excepción en Ecuador, que obligó a gran parte del sector productivo a paralizarse. Desde que se dictó dicha medida, Jorge Luzuriaga no ha dejado de ir a su empresa. Aprovechando que las operaciones de Nutec están dentro de los sectores priorizados su deber, dice, es precautelar de que la importación y distribución de materias primas no se detenga.

Pero, aunque sus labores no han sido afectadas, está consciente de que si esta restricción sigue, el efecto del aislamiento y la depresión económica la vivirán todos. “Si la gente no puede salir, no consume. La demanda caerá drásticamente en los próximos días y eso, sin duda, afectará las ventas y la liquidez general. Yo ya ha recibido correos de clientes que han advertido la dificultad de pago”.

Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), las consecuencias se sentirán a fines de este mes, cuando las empresas no puedan pagar los sueldos a sus trabajadores y cuando la gente no pueda ir al supermercado, para comprar lo básico. Antes, dice, es difícil palpar la realidad.

Desde el sector empresarial se advierte un escenario complicado, del cual el país no podrá salir en el corto plazo. Las limitaciones de movilidad y el confinamiento en casa, dice Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), deberán seguir, porque hoy la salud de las personas sigue estando por encima del bienestar productivo. Esta es una situación que se vive a nivel mundial, y Ecuador no es la excepción. La tarea, hoy, dice la también presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), es ver cómo se logra dar mayor liquidez a las empresas, para que puedan sostenerse en este ambiente de inestabilidad.

“Si las empresas han parado, el flujo de dinero se detiene y por ende podría estarse rompiendo la cadena de pagos. Por ello, las medidas que tome el Gobierno y que se enfoquen en este tema son realmente importantes”, asegura Costa.

En la última semana, el Gobierno y el sistema financiero han venido anunciando varias decisiones en ese sentido. Por un lado están los bancos que, desde ya, trabajan en un proceso de refinanciamiento de deudas; por otro, están las entidades públicas como CFN y BanEcuador, que han postergado los pagos hasta mayo o el Servicio de Rentas Internas (SRI), que diferirá a seis meses el pago de impuesto a la renta. A ello también se suman las modalidades de trabajo, a las que las compañías pueden recurrir para adaptar sus funciones al escenario actual, como el teletrabajo o la modificación, reducción o suspensión laboral.

Todo eso, dicen los empresarios, está bien, servirá de ayuda. No obstante, también aclaran que no será suficiente en la crisis actual, que aún no tiene visos de acabar. Poco o nada se ha hablado del costo de mano de obra. El 20 % de los sueldos, señala la CCQ, va a la Seguridad Social. De eso, un 11,15 % sale de las empresas, por el aporte patronal que mes a mes deben hacer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un rubro que, advierten, también puede afectarse.

De ahí que el Comité Empresarial abandera el pedido a las autoridades para que el IESS también incluya a las empresas en el proceso de brindar facilidades de pago. “Apenas han anunciado que aplazarán por 90 días los aportes de abril, mayo y junio, pero solo para los afiliados voluntarios y que no están bajo relación de dependencia (que no trabajan en compañías)”, dice Costa.

La dirigente gremial informó que se está insistiendo al Gobierno abrir una línea de crédito, a través del Banco del IESS (Biess), que permita a los negocios en general cubrir con estos haberes. Otra salida, propone la CCQ, podría ser diferir el pago.

“Entendemos que el IESS tiene desembolsos importantes mensuales, relacionados especialmente con el pago de jubilados, pero sí creemos que se pueden apalancar con el Biess, para poder ayudar a los empleadores”, menciona Costa.

Otra solicitud está relacionado a la suspensión de la responsabilidad patronal. Una figura que se torna peligrosa para muchas empresas, en caso de caer en incumplimientos. “Cuando uno está en mora y un empleado se enferma, el Estado nos cobra una barbaridad en el rato que lo atienden”, explica Alarcón. Él está convencido que el reforzamiento de este tipo de ayudas evitará una posible quiebra de empresas y la pérdidas de plazas de trabajo. Hasta el momento, señala, “el peso de la crisis está cayendo en el hombro de los empleadores”.