Un ‘airbag’ ante una gran colisión. Los $ 4.000 millones que se esperan este año del Fondo Monetario Internacional (FMI), producto del nuevo programa que Ecuador suscribirá con el organismo, buscan amortiguar el impacto de una crisis económica sin precedentes en la historia del país.

Este año el Gobierno recibirá el 61 % del total de lo establecido en el programa. Y $ 1.500 millones se entregarán en 2021 y $ 1.000 millones más en 2022.

Por ahora, los detalles del acuerdo con el organismo todavía no han sido revelados y se publicarán cuando el Directorio del Fondo lo apruebe a fines de septiembre o inicios de octubre. Tras el beneplácito de las autoridades principales del multilateral también vendrá el primer desembolso.

¿Qué condiciones deberá cumplir el Gobierno de Moreno para recibir ese dinero? El FMI ha esbozado algunos detalles en su último comunicado y en el documento publicado por el organismo tras el crédito rápido para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

Todo señala que este año el régimen de Moreno deberá cumplir metas cualitativas, es decir, por ejemplo, mayor transparencia con cifras y otros aspectos que no impliquen un ajuste agresivo, que incluya incrementar impuestos. El trabajo “pesado” quedará en manos del siguiente régimen, que deberá implementar las acciones para recibir los $ 2.500 millones restantes.

“Para garantizar la sostenibilidad fiscal y cumplir con los límites de deuda pública legislados en Ecuador, las autoridades se comprometen a tomar medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas una vez que la economía comience a recuperarse. Esto incluye reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público”, dice el comunicado del FMI emitido el pasado viernes.

En efecto, Augusto de la Torre, miembro del consejo de asesores económicos del Gobierno, aseguró a EXPRESO que en el primer año de la crisis el espacio para hacer ajustes es reducido. “La mayor parte del gasto público tienes que destinarla para afrontar la emergencia médica (...) Sería ilusorio e imprudente pedir que el país reduzca el déficit”, explicó el economista.

De la Torre indicó que este año el objetivo del programa del FMI es lograr que las finanzas públicas “no se vayan de las manos”. Se espera que el déficit fiscal al cierre de este año se ubique en $ 8.600 millones y las autoridades deberán concentrarse en reducir ese agujero de recursos en los próximos años.

¿Eso quiere decir que el próximo Gobierno deberá encarar las complicadas reformas? José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), quien estuvo en un encuentro que realizó Finanzas en conjunto con el FMI para adelantar algunos detalles del programa a analistas económicos, aseguró que Moreno deberá, por lo menos, dejar allanando el camino para los cambios estructurales.

“Lo ideal sería que el Gobierno, al menos, deje consensuando los puntos básicos (de una reforma tributaria) para que el nuevo gobierno los perfeccione”, sostuvo Hidalgo.

Entre las alternativas que deberá tomar el Gobierno para que sea una reforma tributaria consistente, dijo Hidalgo, está el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre dos o tres puntos.

A finales de mayo de este año, el FMI estimó que será necesaria una consolidación fiscal de aproximadamente 6,2 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2025.