El actual modelo portuario abre una batalla legal entre puertos

Contecon, concesionario del puerto de Guayaquil, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, cuestionando el modelo portuario del país. En Ecuador, señala, existen puertos bajo distintas modalidades de concesión que operan unos “bajo simples autorizaciones y que no realizan ningún aporte al Estado”, a pesar de prestar el mismo servicio y atender al mismo mercado y a los mismos clientes, lo que estaría generando una competencia desigual.

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La demanda se presenta en un contexto de pérdida de mercado para el concesionario. En 2021, Contecon realizó 810.814 transferencias de contenedores (TEUs), mientras que en 2024 esta cifra cayó a 329.084, lo que representa una reducción del 59,41 %, una realidad que, en parte, se atribuye a las reglas de juego de las que hoy la firma pone reparo.

EXPRESO pidió hablar con Contecon sobre el tema. Aunque la entrevista no fue concedida, por tema de agenda, el concesionario explicó, vía correo, que la demanda “se fundamenta en el principio de igualdad en la competencia -legal y leal-, y en la necesidad de contar con un marco regulatorio claro que garantice el comercio exterior y fomente las inversiones en este sector estratégico”. Además, que es fundamental “que el Estado ecuatoriano reciba una contraprestación justa por la operación de un servicio público como el portuario”.

Contecon aclaró que esta demanda no está dirigida contra otros operadores portuarios. “Es una oportunidad para que el Estado ordene el sector portuario, garantizando reglas claras, condiciones equitativas y una gestión eficiente de uno de los pilares del comercio exterior ecuatoriano”, señaló la empresa.

Reiteró que busca asegurar un servicio público vital para que la economía nacional funcione de forma regulada, planificada y justa.

Como contraparte, el gremio de operadores portuarios privados (Asotep) expresó su preocupación por las posibles consecuencias que este proceso legal ( y una posible revisión de tasas de aporte al Estado) podría tener sobre el comercio exterior y la competitividad del sector.

Para la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), la pérdida de mercado que hoy tiene Contecon, ha sido consecuencia de sus propias decisiones empresariales.

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“La preferencia de los usuarios por las terminales privadas refleja una competencia basada en eficiencia, calidad de servicio e inversión constante. Cada operador obtiene los resultados de su propia gestión, y las decisiones empresariales tienen consecuencias en un mercado libre y competitivo”, indicó el gremio.

Sobre la tasa que se paga, Asotep manifestó que Contecon abona el valor correspondiente al arriendo de la instalación portuaria y del negocio ya en marcha que recibió. Las terminales privadas, en cambio, no deberían pagar lo mismo, ya que no reciben infraestructura ni activos del Estado, sino únicamente una zona de playa, por la que pagan anualmente.

Según Asotep, en realidad Contecon paga menos contribuciones que las terminales privadas: mientras estas últimas deben entregar el 5 % del total de sus ingresos (no de sus utilidades) a la Subsecretaría de Puertos, Contecon paga solo el 2 %.

La defensa del modelo

Asotep defiende el modelo de puertos privados (greenfield), vigente desde la década de 1970 bajo el amparo de la Ley General de Puertos, que otorga al Estado la facultad de autorizar el uso comercial de puertos a personas jurídicas privadas en espacios no desarrollados.

Según Asotep, el modelo greenfield ha permitido el desarrollo del sistema portuario ecuatoriano, atrayendo inversión extranjera por cientos de millones de dólares para la construcción y equipamiento de estas terminales. Esto ha promovido la competencia, traduciéndose en mejores servicios y tarifas para importadores y exportadores.

Pero Contecon insiste en que hay una competencia desleal. Según explica, el sector portuario es un servicio público estratégico, por lo que “debe ser el Estado quien regule quién, cómo y por cuánto tiempo puede operarlo. En Ecuador existen puertos bajo diversas modalidades de concesión, delegación y alianzas público-privadas (APP), que aportan al Estado de acuerdo con lo establecido en sus contratos y con base en la naturaleza pública del servicio”.

En cambio, -según Contecon- hay puertos privados “que operan bajo simples autorizaciones.... Esto genera condiciones profundamente desiguales: se sacrifica la contraprestación al Estado, se deterioran los tiempos de atención a las naves, se producen demoras en la recepción de carga y se compromete la seguridad en las instalaciones portuarias”.

Contecon afirma que esta situación fue advertida por la propia Superintendencia de Competencia Económica en un estudio de mercado publicado en abril de 2019, que fue retirado del sitio web poco después sin explicación. Además, la Unión Europea, en un informe de junio de 2024, calificó al sistema portuario ecuatoriano como “caótico, desequilibrado y obsoleto”, y lo describió como “definido por un conjunto de regulaciones no homogéneas”.

El proceso ahora está en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la demanda presentada por Contecon y evaluar si el modelo portuario actual se ajusta al marco legal y constitucional del país.

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